Uno de los objetivos de la primera parte de la reforma de las pensiones, aprobada en 2021 con el acuerdo de sindicatos y empresarios, era incentivar que los trabajadores retasasen al máximo su edad efectiva de jubilación, con el fin de reducir el coste de la Seguridad Social. Para ello, se desincentivó jubilarse antes de cumplir la edad legal y se premió continuar en el puesto de trabajo una vez alcanzada esa edad. El objetivo está en vías de conseguirse, pues en 2022 y 2023, con dos años ya de andadura de la medida, el número de personas con jubilación anticipada ha descendido un 10% -mucho más si se contabilizan aquellos que han cotizado 40 años- y las que han demorado su retirada más allá de su edad legal han aumentado un 74%. Gracias a ello, la edad efectiva de jubilación se ha retrasado y el pasado año, por primera vez en la historia, se coloca por encima de los 65 años, 65 años y 1 mes, para ser precisos. En 2021 fue de 64,7 años y en 2022, la edad efectiva fue 64,8 años. En el caso de la jubilación anticipada, el año pasado se colocó en 63,2 años (62,9 antes de la reforma) y la demorada en 67,9 años (68,5 en 2021 y 2022).

Cristina Estévez, secretaria de política institucional y políticas territoriales, que ha participado activamente en las negociaciones con la Seguridad Social, resalta como positivos los datos de jubilación anticipada y demorada de estos dos últimos años con la entrada, en enero de 2021, de la primera parte de la reforma pactada. La sindicalista reseña que se está cumpliendo con el objetivo de acercar la edad de jubilación efectiva con la legal, actualmente de 65 años o 66 años y seis meses, en función de los años cotizados. En concreto, para tener derecho a la primera hay que haber cotizado al menos 38 años, incluido un año por el servicio militar obligatorio o prestación social sustitutoria para los hombres y el servicio social femenino para las mujeres. Por debajo de esos 38 años, la edad legal se eleva a 66 años y seis meses para alcanzar los 67 años para los nacidos a partir de 1960. Estévez explica parte del éxito en que “es mejor incentivar que penalizar”.

Así, la reforma permite jubilarse de forma voluntaria hasta dos años antes de cumplir la edad de jubilación, pero se aplica unos coeficientes reductores que pueden llegar a un máximo del 21% en caso de agotar los 24 meses. Uno de los cambios es que a partir de 2022, cuando entra en vigor la reforma, los coeficientes se contabilizan por meses, que varían según se anticipe la jubilación. Anteriormente, se contabilizaba por trimestres. Eso, para los que quieren jubilarse antes de tiempo y para los trabajadores que estén dispuestos a retrasar su salida del mercado de trabajo, la reforma establece tres modalidades de incentivo: incrementar un 4% la pensión por cada año que se retrase, una paga entre 5.000 y 12.000 euros que se cobra con la primera pensión o una combinación de ambos.

Para salarios altos

Las cifras dan muestras del cambio producido en el mercado laboral. Con los datos de la Seguridad Social conocidos hace unos días, el pasado año se produjeron 112.032 jubilaciones anticipadas, lo que supone un 9,5% menos que en 2021, antes de la entrada de la reforma. Sobre el total de los trabajadores que se jubilaron el año pasado, suponen el 34,3% del total, cuando en 2021 eran el 39,1%. No obstante, el porcentaje ya viene reduciéndose de atrás, con un máximo del 44,5% en 2016 y en valores absolutos, 142.114 personas en 2018. Respecto a la jubilación de demora, Estévez señala que sigue siendo un número bajo, 26.487 personas (el 8,1% del total de jubilados en 2023), pero con un incremento del 74% respecto a 2021, cuando pesaron el 4,8% del total de jubilados.

“La jubilación anticipada está pensada para aquellos trabajadores que quieran y puedan”, señala la negociadora de las reformas de pensiones de UGT, aunque matiza que suelen acceden trabajadores con salarios altos. Las cifras de la Seguridad Social lo atestiguan. En 2023, la pensión media de los nuevos pensionistas fue 1.453 euros por 14 pagas que, en el caso de los que se han jubilado anticipadamente, se eleva a 1.759 euros.

Sin embargo, la jubilación de demora, que el año pasado se situó en 1.341 euros, la usan trabajadores con altos salarios, que pierden mucho poder adquisitivo al pasar de la nómina a la pensión, pero también aquellos que tienen una pensión baja y prefieren aguantar trabajando para mejorarla. En cualquier caso, tanto la anticipada como la de demora, están por encima de los 1.288 euros que cobrarán los que se han jubilado al cumplir la edad que marca la ley.

De todas formas, si se desciende a los distintos tipos de la modalidad de pensión anticipada, la voluntaria (mayoritaria, pues supone la mitad del total de las anticipadas) los datos arrojan, no una reducción, sino un notable incremento. Eso se debe a que muchos trabajadores que ya cumplían con los requisitos para jubilarse anticipadamente, adelantaron su decisión antes del cambio normativo. Así, en 2021, cuando ya se conocía el calado de la reforma, las jubilaciones anticipadas crecieron un 15% respecto a 2020 y en 2022 otro 7%, colocándose en 67.203 personas, récord en los últimos diez años. En 2023, todavía siguen por encima de las de 2020, pero ya empieza a reducirse al agotarse la bolsa de personas con derecho. La caída, pues, se ha producido gracias a otras modalidades de anticipada, como la no voluntaria, a la que también se aplican coeficientes reductores, que cae un tercio, y la especial de 64 años, que baja de 6.598 personas en 2021, a 254 en 2023. En el caso de las jubilaciones bonificadas para trabajadores de actividades penosas y con discapacidad, sin coeficientes reductores, no se han producido variaciones en los en las altas anuales, que rondan las 7.500.

Fracaso en los autónomos

Recientemente, Fedea ha presentado el Informe Envejecimiento, mercado de trabajos de mayores y jubilación con una propuesta para modificar en conjunto las pensiones con el fin de hacerlas más flexibles y adaptarlas a las necesidades de los trabajadores. Su coautor, Sergi Jiménez-Martín, señala, entre las cosas a modificar, el fracaso que supone la jubilación anticipada para los autónomos, a la que solo se acogen el 15% frente al 34,3% de los asalariados.

El otro coautor, Ignacio Conde-Ruiz, matiza que los datos de edad efectiva de jubilación no reflejan una realidad del mercado laboral, pues solo se contabilizan las personas que se dan de alta en la Seguridad Social cuando cumplen los requisitos. Sin embargo, esa edad no necesariamente es a la que han abandonado el mercado laboral, generalmente por despidos antes de cumplir la edad legal de jubilación, bien con prejubilaciones pactadas, bien en despidos colectivos o individuales.