La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) reclama una revisión de la fiscalidad de la vivienda, especialmente en el ámbito de la protección oficial y de las fórmulas de colaboración público-privada destinadas a generar vivienda asequible. Exigen a las administraciones públicas una "reflexión rigurosa" sobre el impacto de los impuestos en el coste final de la vivienda.

En un comunicado, indican que ante el actual contexto de precios elevados, insuficiente oferta, incremento de los costes de construcción, dificultades de acceso y de la necesidad de aumentar la producción de vivienda, especialmente de protección pública, la APCE defiende que "la fiscalidad debe dejar de ser un obstáculo y convertirse en una herramienta activa de política pública".

Según sus datos, los impuestos directos e indirectos representan una parte muy relevante, superior incluso al 25%, del coste total que acaba soportando el comprador de vivienda nueva. Indican que esta situación es "especialmente preocupante" cuando afecta a viviendas sometidas a un régimen de protección pública, con precios máximos administrativamente fijados y destinatarios sujetos a requisitos de acceso.

La APCE reclama una política fiscal que se traslade al precio final y, por lo tanto, beneficie al comprador. Su presidente, Xavier Vilajoana (imagen superior), ha subrayado ante la ejecutiva de la APCE que "no tiene sentido que pidamos más vivienda asequible y, al mismo tiempo, mantengamos una fiscalidad que encarece la protegida, dificulta su promoción y reduce la capacidad real de las familias para acceder a ella".

Una de las propuestas es aplicar el IVA del 4% a toda la vivienda con protección oficial. Desde la asociación de promotores recuerdan que este tipo superreducido se aplica solo a determinadas modalidades de VPO, a pesar de que toda la vivienda protegida está sometida a precio máximo, destinatarios regulados y un régimen jurídico específico vinculado a su función social. La APCE defiende que esta propuesta tendría un impacto directo sobre la accesibilidad a la vivienda protegida.

El comité ejecutivo de la APCE considera que también hay que abrir el debate sobre la fiscalidad municipal que incide en la producción de vivienda nueva. Recuerdan que la plusvalía municipal, el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras, la ocupación de la vía pública, las tasas urbanísticas y otras cargas vinculadas a la promoción, tienen un "impacto acumulado que puede condicionar la viabilidad de las actuaciones y el precio final que asumen los compradores". Por ello, piden que se estudien medidas que adecuen la fiscalidad municipal a esta realidad, mediante bonificaciones específicas, la consideración de determinadas actuaciones como actividades de especial interés o utilidad municipal y la revisión de los criterios que penalizan operaciones del proceso promotor. Advierten que "una fiscalidad que hace inviables promociones o encarece artificialmente la vivienda acaba reduciendo la oferta, dificultando el acceso".

La APCE defiende que la política fiscal debe incorporarse "de manera plena" a la agenda de vivienda. Señalan que, en un momento en que todas las administraciones coinciden en la necesidad de incrementar la oferta, producir más vivienda protegida y movilizar suelo, "no es coherente mantener una fiscalidad que dificulta estos objetivos". "Durante los últimos años se ha hablado mucho de limitar, controlar e intervenir. Ahora hay que empezar a hablar también de facilitar, incentivar y hacer viable", ha concluido Xavier Vilajoana. "Si queremos más vivienda protegida, debemos revisar todas las piezas del sistema: el suelo, las licencias, la financiación y también la fiscalidad. Sin una fiscalidad coherente, será muy difícil producir la vivienda asequible que Catalunya necesita".