La Asociación de Promotores de Catalunya (APCE) ha pedido formalmente a la Generalitat que, en el marco del convenio que debe suscribir con el Estado para desplegar el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, active todos los programas orientados a la promoción de nueva vivienda protegida y asequible.

En un comunicado, la asociación de promotores que preside Xavier Vilajoana considera que “Catalunya no puede desaprovechar ninguno de los instrumentos de construcción de nueva vivienda previstos en el Plan Estatal, especialmente en un contexto de déficit estructural de vivienda, falta de suelo finalista, dificultades de acceso por parte de las familias y necesidad de acelerar la producción de vivienda asequible”.

Según las estimaciones del Plan, Catalunya dispondrá de una dotación global aproximada de 1.015 millones de euros en el periodo 2026-2030, de los cuales unos 400 millones corresponderían a actuaciones vinculadas al incremento de la oferta, esencialmente vía promoción, de vivienda social y asequible. Para la APCE, “esta oportunidad exige una planificación amplia, flexible y orientada a obtener los mejores resultados de producción de nuevas unidades residenciales”.

“El debate no debe ser qué programa escogemos y cuáles descartamos, sino cómo activamos aquellos mecanismos disponibles para producir el máximo número de viviendas asequibles”, ha indicado Xavier Vilajoana, presidente de APCE.

El Plan Estatal ofrece un catálogo de instrumentos para la construcción de nueva vivienda. A la promoción sobre suelo público —directa o mediante colaboración público-privada— se añaden programas para promover vivienda con protección oficial permanente, tanto de alquiler como de venta, en suelo privado de reserva; el fomento de la vivienda cooperativa, los alojamientos y otras fórmulas residenciales; y una línea “especialmente estratégica” como es el desarrollo y la urbanización de suelo destinado a vivienda protegida.

Para la APCE, el valor del Plan radica precisamente en esta diversidad: “Concentrar los recursos en una sola fórmula (alquiler o cesión de uso) reduciría su capacidad de impacto y dejaría fuera otras vías de acceso igualmente compatibles con la función social de la vivienda. En Catalunya, donde la calificación de la vivienda protegida es permanente, tanto el alquiler como la compraventa protegida garantizan esta función social, porque el precio queda limitado y el régimen de protección se mantiene de forma indefinida”.

Vilajoana apunta que “la promoción de vivienda protegida de venta debe formar parte de la solución. Cuando la vivienda conserva permanentemente su protección, la venta protegida no debilita el esfuerzo público; al contrario, facilita el acceso a familias que pueden comprar a precios limitados y libera presión sobre el alquiler asequible”.

Subrayan que esta necesidad de diversificar las formas de acceso también se corresponde con la demanda social. Según los datos del Registro de solicitantes de Vivienda con Protección Oficial (VPO) en Catalunya aportados por la APCE, 112.198 solicitudes, el 87% del total, indican preferencia por el alquiler con opción de compra, en un sistema en el que las personas inscritas pueden expresar diversas preferencias. Para la asociación, estos datos ponen de manifiesto que una parte muy relevante de la ciudadanía sigue viendo el acceso progresivo a la propiedad protegida como una opción de futuro.

Urbanización de suelo para VPO

Otro punto que la APCE considera “estratégico” es la recuperación de la línea de ayudas al desarrollo y urbanización de suelo destinado a vivienda protegida. Recuerdan que es un programa que hacía más de una década que había desaparecido de los planes estatales y que ahora vuelve a aparecer “como una herramienta clave para transformar suelo reservado a VPO en suelo realmente edificable”.

Para la APCE, esta línea es imprescindible porque “el principal cuello de botella de la vivienda asequible no es solo la construcción, sino también la falta de suelo finalista en condiciones de ser edificado. Sin gestión y transformación de suelo, no hay capacidad real de incrementar la oferta de VPO allí donde existe demanda residencial”.

La APCE ha trasladado a la Generalitat la “plena disposición del sector promotor a contribuir a una ejecución más eficiente de los recursos públicos”. En este sentido, la asociación manifiesta que los promotores están dispuestos a trabajar para encontrar fórmulas, dentro de la flexibilidad que permiten los programas estatales, para ampliar el número de actuaciones, llegar a más municipios y multiplicar el impacto de los mecanismos de fomento. “No se trata de sustituir a la Administración, sino de sumar capacidad de ejecución e inversión privada para producir más vivienda asequible”, argumenta la entidad.