Yolanda Díaz, vicepresidenta segunda del gobierno español y ministra de Trabajo argumentó el pasado martes -tras el Consejo de Ministros que aprobó el proyecto de ley que reduce la jornada legal del trabajo de 40 a 37,5 horas semanales- que hace 40 años que en España tenemos la misma jornada legal: “Verdad que el trabajo que hacemos hoy no tiene nada que ve con el que se hacía 40 años”. Teletrabajo, nuevas profesiones, nuevas tecnologías digitales que facilitan la actividad, aumento de la productividad… Muchas cosas han cambiado, sin duda, en el mundo laboral, pero también ha crecido una demanda de cambios en la organización del trabajo para facilitar la conciliación entre la actividad laboral y la personal.
Una evidencia que no solo atañe a España, sino a la práctica totalidad de los países de nuestro entorno. Por eso, se ha ido reduciendo la jornada en la mayoría de ellos, bien a través de la negociación colectiva, bien mediante nuevas jornadas legales. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, argumentaba en contra de la medida que en muchos países del entorno comunitario, la jornada laboral es superior a las 40 horas de España. Pero tanto Garamendi como Díaz reconocen que una cosa es la jornada legal (recogida en España en el Estatuto de los Trabajadores) y otra muy distinta la pactada en los distintos convenios.
Eurostat hace una comparativa de las horas que realmente se trabajan de media a la semana en todos los países de la Unión Europea e, incluso, otros europeos fuera de la UE. España está por encima de la media comunitaria (37,0 horas semanales de trabajo real en la UE, por 37,4 horas España), y en el ranking está por encima de las grandes economías como Francia, Italia, Bélgica, Austria, Alemania o los Países Bajos.
Pero un segundo argumento en defensa de la medida usado por la ministra de Trabajo son las diferencias de jornadas según las actividades y las empresas, pues la reducción de las horas se pacta en convenios colectivos que no llegan a todos los trabajadores. Actualmente, con los datos del Ministerio de Trabajo, se quedan fuera de los pactos entre trabajadores y empresas unos 2 millones de asalariados que están en actividades en las que se trabajan más horas de las permitidas legalmente.
Frente a las 37,4 horas semanales que recoge Eurostat para España, la estadística de convenios colectivos arroja una jornada real de 38,2 horas semanales, pero hay que tener en cuenta, que la estadística comunitaria no hace distingos entre asalariados del sector público y del privado. En España, buena parte de los 3,3 millones de trabajadores públicos tienen una jornada de 7 horas semanales.
Islandia, como modelo
En este entorno, algunos países han avanzado más allá de la reducción de las horas que se han de trabajar cada día y han optado por fines de semana de 3 días concentrando la actividad en 4 días laborales. El pionero fue Islandia, que en 2015 puso en marcha un periodo de prueba con más de 2.500 trabajadores, un experimento que permitió que en 2019 se implementase la jornada legal de 4 días a la semana, con 36 horas semanales.
Y los analistas han concluido que este cambio significativo motiva la productividad del usuario, llevándole a ejecutar una mejor gestión de sus funciones laborales.
¿Podría darse este paso en España? El Ministerio de Trabajo y los sindicatos han señalado que la reducción legal de 40 a 37,5 horas semanales no es el fin, sino el principio. Además, en España ya se ha llevado a cabo una prueba piloto en 2023, empujada en la anterior Legislatura por la formación política Más País, hoy integrada en Sumar. Incluso se contó con 50 millones de euros para incentivar a empresas privadas, especialmente pymes, a que se sumasen a la prueba piloto. Pero quedó en nada y con la nueva Legislatura, el gobierno de coalición optó por la reducción de jornada legal en vez optar por la jornada de 4 días. A pesar de lo cual, no han conseguido evitar un fuerte rechazo empresarial y de una parte del arco parlamentario.
En el otro extremo, Corea tiene en su reglamentación jurídica una jornada de 52 horas semanales, aunque 40 horas son ordinarias y 12 extraordinarias. Pues en España hay también un alto nivel de jornadas extraordinarias, muchas de las cuales sin remunerar, según la EPA.