El Consejo de Ministros ha previsto aprobar este martes el decreto ley con el que pretende contener el precio de los alquileres y aumentar la oferta de vivienda asequible. Previsiblemente, será el presidente, Pedro Sánchez, quien presente las medidas en la rueda de prensa posterior –que aprovechará para hacer balance del curso político– aunque aún no dispone de los votos suficientes para convalidar el decreto en el Congreso.

El decreto se divide en dos bloques. En el primero presenta un paquete de medidas con la intención de bajar el precio de los arrendamientos, dar estabilidad a los contratos y combatir el fraude en el alquiler. Incluye la regulación de los alquileres de temporada y de habitación, la prórroga extraordinaria de dos años, la obligatoriedad de que los contratos sean por escrito y bonificaciones en el IRPF a quienes bajen el precio del alquiler.

Respecto a la prórroga de dos años de los contratos, se trata de la medida estrella de Sumar, que tras forzar al PSOE el pasado marzo a aprobarla, vio como el Congreso la derogaba un mes después, con los votos del PP, Vox, Junts y UPN y la abstención del PNV.

El decreto también recoge, según informa Efe citando fuentes del Gobierno, un paquete de bonificaciones en el IRPF para los caseros que bajen el precio del alquiler. Las deducciones fiscales, tanto para propietarios como para inquilinos con rentas inferiores a 33.000 euros y personas mayores que tienen que vender su vivienda habitual para hacer frente a los gastos de la residencia o centro de salud, son algunas de las exigencias de Junts para apoyar el decreto cuando se vote en el Congreso. Aunque la izquierda siempre ha rechazado lo que llama "regalos fiscales", Sumar ha accedido en esta ocasión a incorporarlos para sacar adelante el decreto.

El segundo bloque de medidas, dirigido a movilizar vivienda asequible, prevé un IVA general del 21% para los alquileres turísticos, con el objetivo de desincentivar ese uso y empujar parte de esa oferta hacia el alquiler residencial. En la actualidad los alojamientos turísticos solo pagan IVA si prestan servicios propios de la industria hotelera, en cuyo caso el tipo aplicable es el 10%.

A propuesta de Bildu, el texto contempla un endurecimiento de las sanciones económicas a las plataformas que alquilen alojamientos turísticos sin licencia o número de registro, que podrían llegar al millón de euros.

El decreto también contempla modificaciones en la ley del suelo para agilizar la construcción de viviendas; una aspiración del PNV, del PSOE y de numerosos alcaldes de distinto signo político, incluido el PP, para agilizar planeamientos urbanísticos y evitar bloqueos por defectos menores o por litigios puramente formales. Dichas modificaciones suponen, según el texto del borrador al que ha tenido acceso Efe, que solo ciertos vicios muy graves permitirían declarar nulo un instrumento urbanístico y que los planes no podrían ser anulados íntegramente por errores de forma que puedan subsanarse. Para convalidar su decreto en el Congreso, el Gobierno necesita al menos la abstención de los cinco diputados de Podemos, que ya han advertido de que esa reforma de la ley del suelo es una línea roja para ellos, porque consideran que supone "abrir la puerta a más especulación y pelotazos urbanísticos". Un decreto para contentar a Junts, Bildu y Sumar que amenaza con romperse por Podemos.