Este miércoles 30 de septiembre es la fecha límite. Las rebajas fiscales que han acompañado a los conductores durante meses se acaban, y el Gobierno se reúne este martes para decidir si las alarga, las transforma o las suprime. El objetivo declarado es doble: frenar el encarecimiento de la energía y proteger el poder de compra de los hogares. El contenido, sin embargo, sigue siendo una incógnita.
Cuando en junio se publicó el Real Decreto Ley 18/2026, la idea era clara: ir retirando las ayudas poco a poco, sin sobresaltos. La rebaja general del Impuesto sobre Hidrocarburos debía bajar escalonadamente —15 céntimos en julio, 10 en agosto, 5 en septiembre—, pero el texto incluía una cláusula que permitía mantener o ampliar las ayudas si la inflación de los carburantes se disparaba. La cláusula se activó. Y el resultado es que este septiembre el diésel ha seguido disfrutando de 20 céntimos de rebaja por litro, mientras que la gasolina se ha quedado con solo 5.
Esta diferencia no es casual: el gasóleo mueve el transporte, la agricultura y buena parte de la industria, y cualquier encarecimiento suyo acaba repercutiendo en el precio de casi todo. Si hay un sector que puede mirar los próximos meses con un poco más de tranquilidad, es el primario. El Gobierno ya ha dejado entrever que las ayudas al gasóleo agrícola se mantendrán hasta final de año, incluyendo la compensación por el sobrecoste del combustible. No es oficial todavía, pero todo apunta a que quedará recogido en el paquete que se apruebe este martes. La decisión tiene sentido si se mira el calendario: la cosecha de verano y la siembra de otoño son momentos críticos para muchas explotaciones, y el campo arrastra meses de costes disparados en fertilizantes, energía y combustible. Alargar la ayuda hasta el 31 de diciembre da aire.
En tierra de nadie
Fuera del mundo agrícola, el panorama es mucho menos claro. Transportistas, pescadores, industrias intensivas en energía y conductores particulares afrontan el 1 de octubre sin saber qué les espera. Las patronales del transporte hace semanas que reclaman que los 20 por litro se mantengan más allá del 30 de septiembre. Su argumento es simple: los costes operativos continúan muy por encima de los niveles anteriores a la pandemia, y cualquier aumento repentino del combustible acabará trasladándose al precio final de los productos que transportan.
Las asociaciones de consumidores, en cambio, señalan que la desaparición de los 5 céntimos de la gasolina tendrá un impacto limitado en el bolsillo de las familias, pero que la del diésel sí que se notará en los desplazamientos diarios y en el transporte de mercancías. A estas alturas, las opciones que se barajan son diversas. Una posibilidad es mantener una rebaja reducida para el diésel profesional y eliminar definitivamente la de la gasolina.
Otra es concentrar los recursos en ayudas directas a colectivos vulnerables, en lugar de subvencionar el precio a todo el mundo por igual. Y todavía hay una tercera: establecer un mecanismo de revisión mensual ligado a la evolución de los precios, de manera que las ayudas se activen o se desactiven según cómo sople el viento. Ninguna de estas posibilidades está confirmada. El Gobierno no ha concretado nada sobre el contenido de la norma, y esto mantiene en vilo tanto a los sectores productivos como a los ciudadanos.