La financiación de Catalunya es algo que preocupa a las instituciones empresariales y económicas catalanas y, de hecho, hace dos semanas que las 13 cámaras de comercio, las patronales Foment y Pimec, además del Cercle d'Economoa, el Colegio de Economistas de Catalunya (CEC), FemCat, el RACC y Barcelona Global firmaron una declaración conjunta reclamante un nuevo modelo. Este martes, consultadas por ON ECONOMIA, la Cambra de Comerç de Barcelona ha celebrado la propuesta del Govern, que considera ambiciosa, mientras que el CEC ha incidido en que "Catalunya necesita más recursos, pero también saberlos ejecutar y gestionar mejor". El resto de entidades han preferido no hacer ninguna valoración.

Josep Santacreu, presidente de la Cambra de Comerç de Barcelona y del Consell de Cambres de Catalunya, elogió la propuesta: "Valoramos positivamente que desde el Govern de Catalunya se avance una propuesta concreta para resolver el problema de financiación que arrastra nuestro país y que limita tanto el bienestar de las personas como el potencial de su economía". Santacreu valora que "la propuesta del Govern cumple con todos los requisitos" que pedían en la mencionada declaración conjunta, por lo que "representaría una reforma ambiciosa del modelo actual, tal como pedían las entidades".

Las cámaras de comercio, que históricamente han sido especialmente activas con respecto a la financiación y las inversiones del Estado en Catalunya, esperan que ahora se inicie una negociación política tanto a nivel catalán como español. "La Cambra pide a todas las fuerzas políticas y al Gobierno del Estado que pongan sobre la mesa sus propuestas, y a continuación iniciar un proceso de negociación con la voluntad de llegar a acuerdos que representen un cambio sustancial respecto del modelo actual, que se tenía que haber renovado en 2014", concluyó Santacreu. De momento, tanto Moncloa como Junts la han rechazado.

Por su parte, el Colegio de Economistas de Catalunya prefirió insistir en lo que cree que necesita el país, "un nuevo modelo de financiación equitativo, eficiente y transparente, que fomente el bienestar de los ciudadanos y ciudadanas y asegure su progreso en todos los ámbitos". Pero el CEC también lanzó un dardo a la Generalitat: "Catalunya necesita más recursos, pero también saberlos ejecutar y gestionar mejor. Por eso es fundamental incluir un mecanismo que permita hacer un seguimiento del grado de ejecución de los presupuestos".

La opinión de los catedráticos

El catedrático Guillem López-Casasnovas opina que la propuesta está "bien estructurada y recoge una diagnosis muy compartida en Catalunya entre académicos: un pacto sin negar la contribución solidaria". Aun así echa de menos "un indicio de automatismo" en el fondo de reequilibrio territorial y advierte que la propuesta "no trabaja el hecho de que de la aportación por los servicios prestados por el Estado se tienen que restar ingresos estatales en Catalunya con respecto a los impuestos especiales y al IVA". En el terreno más político, López-Casasnovas, que preside el Consejo Asesor en Política Económico de Catalunya (CAPEC) del Departamento de Economía, no cree que la propuesta se pueda acordar en el marco de una comisión bilateral, sino que hará falta un cambio de la LOFCA (Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas), lo que requiere mayoría absoluta.

Para Ángel de la Fuente, director de Fedea, la propuesta "recupera el viejo pacto fiscal de Artur Mas, supone desmantelar el Estado tal como lo entendemos hoy, no creo que avance". "En contra de lo que nos quieren hacer creer, no tiene nada federal, ya que en ningún país, los Estados Unidos, Canadá, etc... el Estado renuncia a tener autonomía fiscal en parte de su territorio", como propone el Govern de ERC. "Si esta propuesta saliera adelante supondría ir hacia un modelo de país confederal, donde el Gobierno central prescinde de recursos y de autonomía". Además, "supondría una fuerte reducción de los recursos destinados a la nivelación territorial, lo cual se traduciría en importantes diferencias interregionales en la calidad de los servicios públicos fundamentales".