La subida del precio de los alimentos se ha convertido en un problema para muchos hogares, aunque se haya contenido en enero con la rebaja del IVA. Los políticos se han enzarzado en una polémica sobre qué nuevas medidas adoptar teniendo en cuenta que la alimentación ha crecido un 15,4% en un año. Pero, ¿qué opinan los expertos conocedores de cómo funcionan los precios de la alimentación? En resumen, son partidarios de ayudar a aquellas familias que lo necesiten y para contener el IPC de la alimentación proponen potenciar la competencia y medidas que reduzcan los costes de la cadena de la alimentación, en especial los energéticos. Y rechazan de forma categórica topar los precios, pues supondría el cierre de muchas empresas y, por consiguiente, nuevas subidas al reducirse la competencia.
Antes de nada, insisten en que el aumento de los precios se debe a factores internacionales que han disparado los costes, tanto el energético como el de ciertas materias primas como el aceite de girasol y el trigo por la guerra de Ucrania, un mal que sufren todos los países. Y rechazan que las subidas se deban a un intento de las distribuidoras de obtener ganancias en río revuelto.
Ataques contra la distribución
Tomás García Azcárate, ingeniero agrónomo y economista agrario, explica que el problema de los altos precios se puede abordar desde la oferta (vendedores) o la demanda (consumidores) y remarca que las medidas del Gobierno se están planteando, sobre todo, del lado de la oferta. En este sentido, señala la “última ocurrencia” (de Unidas Podemos) de bajar los precios de 20 productos, cuando el problema se ha generado por un incremento de los costes. Y critica los ataques contra la distribución a la que se acusa de forrarse, lo cual “no es cierto”, dice, porque hay una gran competencia y el mercado está lejos de ser un oligopolio
Frente a las medidas de oferta, García Azcarate es partidario de actuar sobre la demanda. “Si ya existe una ayuda de 200 euros (para las familias con ingresos de menos de 27.000 euros y un patrimonio inferior a los 75.000 euros), por qué vamos a inventar otras medidas”. Así, no comprende como Unidas Podemos haya propuesto que se subvencione con un 14% la compra de 20 alimentos básicos para la totalidad de la población con un sistema similar al de los 20 céntimos de los carburantes. “No es una medida discriminatoria que ayude solo a aquellos más necesitados”. Y, además, rondaría los 5.000 millones de euros. Respecto a la reducción del IVA, considera que si el coste del producto sigue subiendo, la rebaja fiscal no servirá para detener la escalada de precios.
Pedro Jesús Cuestas-Díaz, profesor de la Universidad de Murcia, explica que una empresa determina los precios a partir de tres elementos: costes de producción; la competencia y el límite que pueden soportar los consumidores. En la actual situación, considera que lo más urgente es actuar sobre los costes por lo que considera muy positivas las medidas que han abaratado el gas y la energía que beneficia a productores, distribución y logística. Porque, explica, cuando suben los costes una empresa tiene la doble opción de repercutirlos en su totalidad en el precio o asumir parte a costa de perder margen y reducir beneficios, algo difícil en la actualidad pues, en opinión del profesor, la pandemia ha mermado el pulmón de muchas empresas.
Una segunda acción es mantener la competencia, especialmente la más débil, pues la mejor manera de controlar los precios, incluso bajarlos, es garantizar el máximo de distribuidores. En este sentido advierte del riesgo de desaparición de un comercio de cercanía, con menor músculo financiero, que podría ser sustituido por grandes cadenas con poco arraigo local.
Necesidad primaria
Y sobre los clientes, señala que la alimentación es una necesidad primaria que no pueden reducir, pero buscarán las ofertas y las cadenas más baratas, aunque la subida de los costes ha afectado a todas las distribuidoras, por lo que las diferencias se han acortado. Por tanto, Cuestas-Diaz considera que deben entrar políticas sociales con ayudas a los más necesitados. Aunque rechaza, igualmente, las medidas generalizadas a toda la población como los 20 céntimos de los combustibles o la nueva propuestas de UP de reducir un 14,4% el precio de 20 alimentos.
Antonio Carlos Cuenca Ballester, experto de comercialización e investigación de mercados de la Universidad de Valencia, insiste en que la capacidad de las empresas de subir precios no es infinita, pues deben mantener una posición en relación con la competencia. Por lo que defiende que las empresa están trasladando a los precios una parte del aumento de los costes.
Sobre las medidas del Gobierno, considera que la rebaja del IVA llega tarde, pues muchas empresas tienen ya sus márgenes muy reducidos y algunas repercutirán una parte de la rebaja del IVA para poder respirar financieramente. Y considera que en cierta forma, Occidente está pagando una política de deslocalización de muchas producciones, incluidas las agrarias, hacia otros países en busca de reducir sus costes Respecto a las medidas de apoyo a la demanda, Cuenca Ballester alerta del peligro que supone caer en una política de subsidios y considera más eficiente tomar medidas para mejorar la productividad de las empresas con el fin de dar una oferta con precios más bajos.
Aumentar el consumo
Guillermo Prats, de la consultora Improven que tiene muchos clientes del sector de la alimentación, incide en el alto porcentaje que supone para la distribución la compra de los productos que puede ronda entre un 40 y un 60% del total de sus costes, por lo que el encarecimiento de sus materias primas ha disminuido notablemente sus márgenes. En este sentido, señala que este 2022 muchas empresa del sector han reducido sus beneficios o incluso han entrado en pérdidas, lo que las obligará a actuar en varios frentes conseguir bajar precios y evitar una caída de las ventas y recuperar los márgenes.
En primer lugar, tendrán que estar más pendientes de los precios de las materias primas pues este 2023 tenderán a bajar y podrán obtener oportunidades de buenos precios. En segundo lugar, reducir la gama de sus productos centrándose en unos cuantos para aumentar sus compras y conseguir reducciones de precios e, incluso, ofertar productos de mayor valor añadido, como los ecológicos, que justifiquen mayores precios. Y finalmente, mejorar sus procesos de eficiencia y productividad.
Sobre las medidas públicas de oferta, en concreto topar los precios, cree que dependerá de quién pague el coste de la medida, el distribuidor o el productor, algo complicado de articular. Así, considera más eficientes las medidas de demanda, apoyando directamente a los consumidores, lo que redundaría además en un mayor consumo.