Con una tributación creciente desde el pasado mes de enero, Hacienda ya lleva ingresados unos 167 millones de euros por el nuevo impuesto sobre los envases de plástico, que entró en vigor el 1 de enero de 2023. La cifra corresponde al 35% de los 491 millones de euros que el gobierno español espera ingresar con este tributo hasta final de año, y que afecta a todas las empresas que elaboran sus productos total o parcialmente con plásticos no reciclables. El incremento que ha habido entre los 41 millones de euros declarados correspondientes al mes de enero, los casi 54 millones de febrero y los cerca de 71 millones de marzo ha sido exponencial “porque a medida que han ido pasando los meses las empresas han podido trabajar más a fondo para requerir a la información necesaria a sus proveedores y para sistematizar la administración y control del gravamen”, explica Sonia Álvarez, director fiscal de la consultora Ayming.
No obstante, Sonia Álvarez considera que en lo que queda de año la recaudación llegará un momento en el que se estancará porque, una vez resueltos los problemas iniciales para poner en marcha la sistemática del control de la información, se prevé que las tasas a declarar no sufrirán variaciones importantes. El impuesto grava con 0,45 euros cada kilogramo de plástico no reciclable, la fabricación o adquisición intracomunitaria e importación de envases no reutilizables, embalajes secundarios y terciarios que contengan plástico, incluyendo, incluso, los films protectores de palés o los plásticos de burbujas que emplean los operadores logísticos para embalar las mercancías.
Según la consultora, el 74% de lo recaudado procede de los sectores de la fabricación de envases o elementos de cierre y de la industria en general, con “contribuciones muy descompensadas”, puesto que hay sectores como el de la automoción, la química o la alimentación que “recurren a muchos componentes o envases de plástico”. Además, “no son fáciles de sustituir porque hay que encontrar materiales distintos con las mismas prestaciones y proveedores que los proporcionen y, si es posible, sin un incremento muy elevado de los costes”, explica Álvarez. En muchas ocasiones, explica la consultora, se trata de decisiones que corresponden a la estrategia de marca o de empresa y que no son fáciles de tomar de un día para otro.
España ha sido el único país de la Unión Europea que ha decidido aplicar esta nueva carga impositiva, al contrario que el resto de los estados miembros, que la han aplazado teniendo en cuenta la complicada coyuntura que se vive a nivel internacional y el actual escenario de inflación. En palabras de Sonia Álvarez, directora de fiscal de Ayming España, “más allá de la evidente merma de competitividad que va a sufrir España y, especialmente, su industria, una gran cantidad de empresas aseguran desconocer cómo llevar a la práctica su obligación tributaria. Los datos de la consultora muestran que, en abril, más de un 80% de empresas que deben tributar por este impuesto no tenían automatizado los procesos necesarios para realizar un reporte y declaración eficaz del gravamen, e incluso una gran parte del tejido industrial no es consciente de que tienen que presentar este impuesto, lo que implica un aumento significativo de la carga administrativa para la gestión del tributo, con el correspondiente aumento de los costes fijos que genera su gestión”.
“Es un tributo complejo”, afirma, “para la gestión del cual las empresas no están preparadas”, entre otras cosas, porque requiere digitalizar los procesos administrativos y de contabilidad en el seno de las empresas, independientemente de su tamaño. Pero especialmente porque, al ser España el único país que lo ha implantado, “los proveedores no entienden qué ni cómo deben certificar la cantidad de plástico que incorporan sus piezas o productos”. “En el resto de Europa existe un vacío legal a este respecto y, en el caso de las importaciones, muchos proveedores extranjeros desconocen cómo proceder para poder informar de la cantidad de plástico no reciclable que incorporan sus artículos”, añade Álvarez. La complejidad es tal que, a mediados de marzo, la dirección general de tributos publicó una serie de resoluciones -más de 50- sobre los criterios interpretativos de la administración sobre cuestiones de especial relevancia práctica en la gestión del impuesto.
Ante la posibilidad de que una empresa sea objeto de sanción por parte de Hacienda por declarar el uso de plástico no reciclable -no por fraude, sino por falta de elementos para controlarlo-, la consultora aconseja a las compañías que declaren sobre una estimación lo más aproximada posible, a la espera de conseguir perfeccionar el sistema de control.
Insisten desde Ayming en que las empresas deben asumir también los costes de la certificación que realizan las empresas validadas por la entidad española de acreditación ENAC para que los fabricantes puedan certificar sus productos, aportando la máxima fiabilidad al mercado sobre el porcentaje de material disponible para un reciclado de calidad y, también, en el caso de los envases de plástico biodegradable o compostable.
Otro de los problemas que tienen, hoy por hoy, las empresas afectadas por el impuesto es el trámite que deben seguir y como demostrar que tienen derecho a la devolución de parte del impuesto. Este supuesto se da en aquellas empresas que, después de importar materiales de plástico no reciclable para la fabricación de sus productos, no toda la producción se queda en España, sino que una parte se exporta. Los artículos que salen fuera de España no deben tributar por este concepto, “pero es tan difícil para las empresas tener una trazabilidad exhaustiva de los productos que llevan el plástico, que es ardua la tarea para poder demostrar que tienen derecho a la devolución de parte de lo tributado”, concluye Sonia Alvarez.