Dos meses después de la aplicación del nuevo Impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables, la industria va coleccionando un cúmulo de quejas por parte de las empresas que tienen que cambiar los envases y embalajes de los productos y de aquellas que los tienen que fabricar. Aunque hay un periodo transitorio de seis meses para adaptarse a la nueva norma, las empresas tienen que reorganizar sus tareas de gestión administrativa y realizar las inversiones en gastos y en medios informáticos necesarios para dar respuesta, porque "la gestión del impuesto afecta en todos los departamentos de la empresa desde compras, administración, logística, comercio exterior, ventas... nadie queda al margen", advierte a Francisco Javier Rodríguez, director fiscal de Bové Montero y Asociados.
Estas tareas suponen una carga administrativa y de gestión totalmente desproporcionada e "insostenible" para la pyme y microempresa, especialmente, ante una "deuda tributaria escasa", explica Rodríguez y apunta que puede provocar "objeción fiscal y que las empresas prefieran asumir el riesgo de no tributar antes que complicarse". Aparte que los costes se dispararán a partir de 2024, cuando sea obligatorio presentar la certificación de las cantidades y tipo de plástico reciclable o reutilizable que incorporan los productos objeto del impuesto, proceso que solo podrán hacer empresas autorizadas, "que cobrarán por su gestión".
Con respecto a la industria fabricante de envases y embalajes, la problemática también menudea. El sector sabe que hoy en día es la principal industria junto con el textil que utiliza más residuo plástico y que la nueva legislación contribuirá a acelerar los planes de sostenibilidad, pero alerta que actualmente el producto reciclado presenta tres complejidades: el precio, a menudo más caro que el material virgen; la calidad, donde transformarlo puede generar más problemática de producción porque no es tan estable; y la oferta, donde a menudo no se encuentra lo bastante material para satisfacer las necesidades la industria. "El impuesto tiene que facilitar a medio plazo generar economías de escala que hagan, por una parte, generar bastante volumen de material, y por otra, hacerlo competitivo respecto del coste de material virgen, el cual tendrá al mismo tiempo asociado el impuesto. Actualmente, nos podemos encontrar en la paradoja que sea más barato comprar material virgen y pagar el impuesto, que incorporar el material reciclado", manifiesta Mireia Andreu, Innovation Manager del Clúster Català del Packaging. La asociación agrupa 130 miembros activos entre empresas, centros de conocimiento y entidades que representan toda la cadena de valor del sector del packaging, y presta servicio a todo a un sector que cuenta con más de 700 empresas y aporta el 4% del PIB de Catalunya.
Sobre el futuro, "el foco lo tenemos que poner en el ecodiseño (incorporar criterios ambientales a la fase de concepción y desarrollo de producto), teniendo especial cuidado del objetivo europeo de hacer que todos los envases se puedan reciclar en el 2030", avisa a Mireia Andreu. Desde el cluster se entiende que, con respecto al envase o embalaje primario (aquel que contacta directamente con el producto), suele ser el plástico aquel que presenta mejores propiedades para la protección del producto y también ambientalmente, que suele presentar también una huella de carbono a menudo más baja que otros materiales al utilizar menos material". Así y todo, la industria del papel y cartón ha cogido impulso los últimos años, especialmente con el desarrollo del comercio electrónico y porque se ha transformado en envase o embalaje de papel parte de lo que se hacía con plástico, "todo y que por propiedades y precio, difícilmente sustituirá el envase de contacto alimentario, que es uno de los ámbitos de más volumen".
Pérdida de competitividad
Estos problemas con el tipo de material también lo evidencia la Comisión de Economía y Fiscalidad de PIMEC reitera que hay casos gravados por el impuesto en que no hay alternativas viables para sustituir el material del envase por otro que sea más sostenible. La Comisión de Economía y Fiscalidad de PIMEC expresa su preocupación por los efectos negativos que está generando para las pymes y microempresas en todo el territorio español. La aplicación del impuesto implica una pérdida de competitividad para las empresas derivada del elevadísimo coste (y para muchas microempresas, inalcanzable) que representa su gestión y el efecto de la repercusión del coste en el precio final de los productos. Esta pérdida de competitividad se verá incrementada por el hecho de que el resto de países de la UE no tienen un impuesto como este. En este sentido, se considera que hay que revisar un impuesto que genera distorsiones en el mercado y pérdida de competitividad de nuestro tejido empresarial.
El sector cree que la nueva legislación ayudará a acelerar los planes de sostenibilidad, y en concreto, "esperamos que facilite la incorporación en el mercado de estructuras reciclables que en la medida del posible incorporen también material reciclado", dice Mireia Andreu. Detrás de esta afirmación hay un aviso: "comercializar con un envase fabricado con material reciclado, pero que no se pueda volver a reutilizar, puede quedar exento del nuevo impuesto, pero no es una solución para preservar el medio ambiente".
En el despacho Bové Montero y Asociados también comentan la complejidad que se deriva para la gestión del IVA, porque ambos impuestos cohabitan, en el sentido que la norma española determina que los gastos por importaciones (incluidas las compras intracomunitarias) forman parte de la base imponible del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA). También comprenden que, a la larga, las empresas repercutirán en los productos los costes que soportarán para el mismo impuesto y su gestión.
El llamamiento empresarial se ensancha a todas las actividades y territorios. La Asociación Española de Distribuidores, Autoservicios y Supermercados (Asedas) ha sido contundente: sin la suspensión del impuesto en el plástico, los 700 millones de euros que el Gobierno central prevé recaudar el primer año de vigencia, "irán directamente al precio de los productos", ha asegurado el presidente de la entidad Ignacio García Magarzo.