El Ministerio de Vivienda ha emplazado este jueves a ayuntamientos y comunidades autónomas a clausurar los 111.000 pisos turísticos ilegales que se han detectado durante el último año a través de la Ventanilla Única Digital. Según el departamento que encabeza Isabel Rodríguez, hay que reorientar hacia el alquiler residencial de larga duración utilizando los 7.000 millones de euros del Plan Estatal de Vivienda aprobado recientemente.
La solicitud del ministerio, ya apuntada anteriormente por su responsable, ha coincidido con los datos publicados en el último informe del Banco de España, que indica que hay un déficit de 750.000 viviendas en España. Por ello, el Ministerio de Vivienda sería partidario de limitar los pisos turísticos y los usos no residenciales en las zonas tensionadas. "Estos datos reflejan un impacto directo de la actividad turística y de los usos no residenciales sobre el acceso a la vivienda", han apuntado en declaraciones a la agencia ACN fuentes del ministerio.
Madrid y Barcelona lideran el déficit residencial
Asimismo, remarcan que el estudio señala que el 50% del déficit residencial acumulado en España se concentra en seis provincias: Madrid, Barcelona, Alicante, València, Murcia y Málaga. "Estas áreas, junto con otras zonas turísticas, coinciden con las que presentan más dificultades de acceso a la vivienda y también con las que registran una mayor presencia de propietarios no residentes", exponen.
Las citadas fuentes reiteran las declaraciones que hizo recientemente la ministra Rodríguez defendiendo la actuación de las administraciones autonómica y local. Rodríguez aseguró que los gobiernos autonómicos tienen que trabajar para luchar contra este mercado ilegal. Apuntó también que podrían incorporarlas al parque público de vivienda a través de la compra directa o de la cesión por parte de los propietarios. La posibilidad de cesión de las viviendas es un modelo que permite a los gobiernos poner la vivienda vacía a disposición de la ciudadanía y da "garantías" al propietario, insisten en el ministerio.
Hay recursos
Así, Rodríguez insistió en que ese proceso podría llevarse a cabo "ahora mismo" porque las comunidades autónomas "tienen los recursos". En este contexto, recordó que el próximo mes de julio el Gobierno repartirá los primeros 800 millones del Plan Estatal de Vivienda 2026-2031, que cuenta con una dotación total de 7.000 millones para todo el periodo -de la que el 60% corre a cuenta del Estado y el 40%, de las comunidades autónomas-, según informó Europa Press.
El plan, aceptado por unanimidad por todas las comunidades autónomas, establece una serie de "condiciones" para garantizar que las viviendas acaben con la "finalidad" que se busca. En este sentido, el 40% del presupuesto total estará destinado a ampliar el parque público de vivienda, bien a través de la construcción o la compra. Además, establece que la protección de las viviendas no tendrá caducidad y que los precios de los alquileres deberán ser asequibles, es decir, que ninguna familia, ningún joven tenga que destinar más del 30% de sus rentas.