El nuevo Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que ha aprobado este martes el Consejo de Ministros, triplicará la inversión hasta los 7.000 millones de euros, para incrementar especialmente el parque de vivienda pública y asequible en España. Para ello, el Gobierno ha diseñado una serie de medidas en torno a tres ejes: más construcción para ampliar la oferta de vivienda, más rehabilitación para movilizar y dignificar vivienda ya existente, y más protección para quienes más lo necesitan.

Sobre el presupuesto global, el 60% de la inversión procederá del Gobierno de España y el 40% lo aportarán las autonomías. Por destino de los recursos, un 40% irán destinados a la construcción, un 30% a la rehabilitación y otro 30% a las ayudas para los colectivos más vulnerables.

En concreto, estas serán las ayudas a jóvenes y colectivos vulnerables:

  • Ayudas a jóvenes por 300 euros para el pago del alquiler y ayuda para la compra de una vivienda rural de hasta 15.000 euros para jóvenes de hasta 35 años.
  • Ayudas a mujeres víctimas de violencia de género, con un máximo de 1.000 euros/mes.
  • Ayuda general al alquiler por 250 euros para personas con recursos limitados.

Para fomentar la construcción de vivienda pública y asequible, el Gobierno destinará recursos a constructores y promotores: 

  • Ayudas a la construcción de vivienda pública o en régimen de colaboración público-privada con hasta 85.000 euros por vivienda. Tendrán un precio máximo de alquiler de 900 euros/mes y estarán para siempre protegidas. Este precio máximo de alquiler ha sido calculado sobre una vivienda estándar de gran tamaño (85 metros cuadrados útiles) con garaje y trastero (25 metros cuadrados). Si están en municipios de menos de 10.000 habitantes, podrán destinarse a la venta manteniendo la protección.
  • Ayudas para financiar la urbanización de suelos en los que se tenga previsto construir, al menos, un 40% de vivienda protegida con hasta 8.000 euros por vivienda.
  • Ayuda adicional de 8.500 euros por vivienda cuando se empleen técnicas de industrialización. Podrá ascender hasta 93.500 euros por cada vivienda nueva cuando se haya construido de forma industrializada.
  • Una ayuda adicional de 8.500 euros cuando la nueva vivienda se construya en una zona de mercado tensionado.
  • Ayudas a las CCAA para que puedan ejercer su derecho de tanteo y retracto o para que puedan adquirir vivienda de forma directa a través de la financiación del 70 % del coste de la adquisición. Puede ascender al 85 % si está en zona tensionada y se sacará a un alquiler máximo de 800 euros/mes.
  • Cesión de viviendas a administraciones para alquiler asequible. Se ofrece una ayuda de 17.000 euros (25.000 en zona tensionada) a particulares que la cedan a la comunidad, que la pondrá a un máximo de 600 euros/mes hasta que se acabe el contrato. Se destinarán hasta 12.000 euros para financiar reformas a estas viviendas.

A su vez, dada la escasez de suelo en algunas capitales españolas, el Gobierno considera prioritario también incentivar la rehabilitación de inmuebles residenciales ya existentes. En este sentido, las subvenciones diseñadas son las siguientes:

  • Ayudas estructurales de hasta 8.000 euros por vivienda
  • Ayudas de accesibilidad de hasta 13.000 euros
  • Ayudas de rehabilitación energética de hasta 20.500 euros por vivienda o una ayuda extra de 30.000 cuando la vivienda a rehabilitar esté en un caso histórico o cuente con especial protección.
  • Ayudas a la rehabilitación de viviendas que lleven vacías más de 2 años con hasta 30.000 euros si se ponen en alquiler asequible 5 años (en medio rural será de 35.000 euros). 

Control ante la especulación

El Gobierno creará un grupo de trabajo para hacer seguimiento de la ejecución del plan. Entre los controles que quiere ejercer, ha puesto de manifiesto el problema de la especulación. En este sentido, la norma del plan también incluye acciones para el blindaje de la vivienda pública y protegida para que nunca se pueda especular con ella. Se determina una cláusula antifraude en las adjudicaciones para evitar escándalos como el sucedido recientemente en Alicante, con una presunta red de tráfico de influencias en el reparto y acceso a la primera promoción de vivienda de protección pública que lanzó el Ayuntamiento de Alicante.

De esta forma, el nuevo texto estipula que todas las viviendas construidas o adquiridas con recursos procedentes de este Plan Estatal de Vivienda se tendrán que adjudicar con criterios objetivos, medibles, transparentes y trazables. Además, el ministerio ejercerá un doble control para garantizar que se han respetado esas condiciones.