El Gobierno ha iniciado oficialmente el proceso para la futura actualización del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) correspondiente al año 2026. En una comparecencia pública este martes, durante la presentación de los datos de paro y afiliación del mes de agosto, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, ha confirmado que la metodología consensuada en ejercicios anteriores se mantendrá intacta. El primer paso de este proceso será, tal y como ha expuesto el secretario de Estado, la convocatoria "a la mayor brevedad" de la Comisión de Expertos independientes.

A este organismo se le encomendará, una vez más, la crucial tarea de elaborar un informe técnico que establezca los parámetros económicos y sociales que el Ejecutivo debe considerar para la subida. El mandato de la comisión será claro y ambicioso: continuar la senda para que el SMI alcance el objetivo del 60% del salario medio neto que establece la Carta Social Europea, un umbral que simboliza la lucha contra la desigualdad y la garantía de un ingreso digno para los trabajadores. Pérez Rey recalca que el análisis de los expertos también incorporará, como es preceptivo, la evolución de los precios y la situación macroeconómica del país, asegurando así que la subida sea equilibrada y no comprometa la creación de empleo.

Posteriormente, y en línea con el compromiso gubernamental con la negociación colectiva, el Gobierno trasladará estas conclusiones técnicas a la mesa de diálogo social. Allí, se buscará un acuerdo con los sindicatos y las organizaciones empresariales. "Esta Comisión no elimina el diálogo social", aclaró Pérez Rey, subrayando que la participación de los agentes sociales es "fundamental" y que la voluntad del Ministerio es que la cifra final para 2026 sea, como en años previos, "fruto de un acuerdo".

En otro orden de asuntos, al ser interrogado sobre el estado de la legislación para reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales, el secretario de Estado ha mostrado un optimismo cauteloso. Reconoció que el ritmo de la tramitación parlamentaria escapa ya al control directo del Gobierno y depende de la dinámica del Congreso de los Diputados y de los distintos grupos políticos. No obstante, expresó su esperanza de que el debate a la totalidad del proyecto de ley se produzca lo antes posible y se logre "superar", manteniendo así la aspiración de que la nueva normativa entre en vigor antes de que concluya el año 2025. "Para eso estamos trabajando y confiamos en que pueda ser así", concluye Pérez Rey.

Tras un período de relativo estancamiento tras la crisis financiera de 2008, el SMI ha registrado importantes aumentos consecutivos desde 2019. Estas subidas han respondido a la necesidad de recuperar el poder adquisitivo de los trabajadores, especialmente tras las crisis económicas, y de acercarse al objetivo europeo del 60% del salario medio. Para contextualizar, el SMI ha pasado de 735,90 euros/mes en 14 pagas en 2018 a 1.134 euros/mes en 2024, lo que supone un incremento acumulado superior al 54% en seis años. Esta política ha situado a España entre los países de la Unión Europea con un salario mínimo más alto en términos relativos.