El gobierno español ha anunciado este martes en Consejo de Ministros un nuevo blindaje para las personas que se ven amenazadas de desahucio, pero ha añadido una excepción tras el acuerdo al que han llegado PSOE y PNV. El escudo no se aplicará cuando el propietario del piso tenga una o dos viviendas, o bien cuando tenga más, si se encuentra en situación de vulnerabilidad, tal como había pedido el partido vasco. En estos casos, serán los servicios sociales quienes deberán buscar una alternativa residencial de emergencia para los desahuciados.

La medida se ha aprobado finalmente por separado de la revalorización de las pensiones, ya que el decreto ómnibus fue rechazado por PP, Vox y Junts en el Congreso y ahora el ejecutivo aprueba las medidas por separado, con la expectativa de que, de esta manera, se puedan aprobar con diferentes socios. 

La moratoria, que se empezó a aplicar durante la pandemia, afecta a unas 60.000 familias y formaba parte de un paquete en el que iba también la revalorización de las pensiones, que se ha aprobado en otra medida. El escudo también incluye la moratoria a los cortes de suministro a familias vulnerables y el bono social eléctrico. 

El Gobierno calcula que la excepción al escudo antidesahucios pactada con el PNV ayudará a 10.000 propietarios a recuperar sus pisos, por los que actualmente no están percibiendo alquileres. Por lo tanto, la moratoria de los desahucios seguirá protegiendo alrededor de 50.000 familias.

El decreto obliga a los servicios sociales a actuar con celeridad a la hora de certificar la vulnerabilidad de las familias para que no se queden fuera de la protección por falta de reconocimiento. Y pide también más velocidad de la justicia contra los "casos puntuales en que las personas se quieran aprovechar de esta ley". 

Una vez que la familia obtiene el certificado de vulnerabilidad, que tiene diez días para acreditar, es el juez quien decide si se ejecuta o no el lanzamiento. 

El decreto, además, deja claro que protege solo a quien no puede pagar y no a quien no lo quiere hacer, pues en este caso es morosidad y se combate por la vía judicial. 

Más vivienda social para familias vulnerables

Mientras tanto, informa el ministerio de Vivienda, el Gobierno continuará financiando las comunidades autónomas para que desarrollen vivienda social que dé salida a las familias sin alternativas y vulnerables. 

En el próximo plan estatal de vivienda 2026-2030, triplicará la inversión hasta los 7.000 millones, con líneas específicas para vivienda social y programas de ayudas para colectivos vulnerables como víctimas de violencia machista.

En cuanto a la revalorización de las pensiones, que sí que ha de contar con mayoría parlamentaria porque el PP sí que la aprobará por separado, el decreto prevé una revalorización del 2,7% para las pensiones de jubilación y de más de un 11% para las de viudedad u orfandad y del ingreso mínimo vital.