El Gobierno ha vetado la tramitación parlamentaria de una proposición de ley presentada por Junts que tenía como objetivo principal facilitar el acceso a la prestación de desempleo de los trabajadores autónomos. La iniciativa legislativa de la formación que lidera Carles Puigdemont, presentada en la Cámara Baja el pasado mes de mayo, pretendía reconocer el derecho a la prestación por cese de actividad en el momento en que el autónomo cerrara su negocio, sin necesidad de acreditar la concurrencia de motivos económicos, técnicos, productivos u organizativos.

Esta simplificación de los requisitos supondría un cambio sustancial respecto al régimen actual, que obliga a los trabajadores por cuenta propia a demostrar que el cierre del negocio responde a causas objetivas y justificadas. La decisión del Gobierno de vetar la iniciativa se enmarca en la potestad que le reconoce el artículo 134.6 de la Constitución, que establece que cualquier proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos presupuestarios o una disminución de los ingresos requerirá la conformidad del Ejecutivo para poder ser tramitada. En este caso, el Gobierno considera que la propuesta de Junts tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas, ya sea porque incrementa el gasto en prestaciones o porque reduce los ingresos por cotizaciones, y ha decidido ejercer su derecho a vetarla para evitar que altere las cuentas del Estado.

El recurso al veto presupuestario no es una herramienta que el Ejecutivo de Pedro Sánchez utilice con frecuencia, pero está previsto en la Carta Magna precisamente para evitar que iniciativas legislativas surgidas del Parlament puedan comprometer el equilibrio de las finanzas públicas sin el visto bueno del Gobierno. El artículo 134.6 de la Constitución establece de manera explícita que toda proposición o enmienda que suponga un aumento de los créditos o una disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación.

En la práctica, este precepto otorga al Ejecutivo una especie de derecho de veto sobre aquellas iniciativas que considere que pueden poner en riesgo la estabilidad presupuestaria. En este caso, el Gobierno ha presentado en la Cámara Baja un escrito de disconformidad con la tramitación de la ley propuesta por Junts. La Mesa del Congreso, donde el PSOE y Sumar disponen de mayoría, admitirá a trámite este escrito y, como consecuencia, la proposición de ley no llegará ni siquiera a debatirse en el Pleno de la Cámara. El veto, por tanto, cierra cualquier posibilidad de que la iniciativa avance en el proceso legislativo y la entierra antes incluso de que comience la discusión parlamentaria.

El contenido de la proposición de ley de Junts

La proposición de ley que Junts registró en el Congreso el mes de mayo era un texto que iba más allá de la cuestión del acceso a la prestación de desempleo. La formación proponía una reforma de diversos aspectos del régimen de trabajo autónomo con el objetivo declarado de mejorar las condiciones de un colectivo que, según el criterio juntaire, ha quedado tradicionalmente desprotegido en comparación con los trabajadores por cuenta ajena. Entre las medidas que recogía el texto destacaba, en primer lugar, el acceso a la prestación por cese de actividad de manera más ágil, eliminando la obligación de acreditar causas económicas, técnicas, productivas u organizativas para poder cerrar el negocio y cobrar el desempleo.

En segundo lugar, la iniciativa proponía reservar una cuota mínima para autónomos y microempresas en la participación en contratos públicos, una medida que buscaba abrir las licitaciones oficiales a estos colectivos, que a menudo quedan excluidos por las exigencias de volumen o de facturación. En tercer lugar, el texto incluía ajustes en el sistema de cotización por rendimientos reales y en los procedimientos de regularización, con el propósito de acortar plazos y evitar el fenómeno de las sobrecotizaciones prolongadas.

El Gobierno ha fundamentado su veto en el argumento de que la proposición de ley de Junts tiene consecuencias presupuestarias directas que no pueden ser asumidas sin su consentimiento. El Ejecutivo considera que facilitar el acceso a la prestación por cese de actividad supondría un aumento del gasto público en prestaciones, dado que un número mayor de autónomos podría acogerse a esta protección sin necesidad de justificar las causas del cierre del negocio.

Este incremento del gasto, a su vez, requeriría una dotación presupuestaria adicional que no está prevista en las cuentas actuales del Estado. Además, el Gobierno argumenta que las medidas relativas al sistema de cotización por rendimientos reales también tendrían un impacto negativo sobre los ingresos de la Seguridad Social, ya que podrían reducir el importe de las cotizaciones que pagan los autónomos en determinados supuestos. La combinación de un aumento del gasto y una disminución de los ingresos es, según el Ejecutivo, suficiente para justificar la aplicación del veto constitucional y detener la tramitación de una iniciativa que considera que pone en riesgo el equilibrio de las finanzas públicas.