El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha un expediente sancionador contra una inmobiliaria que gestiona miles de viviendas de alquiler en diferentes territorios del Estado. La investigación, llevada a cabo por la Dirección General de Consumo, ha identificado que la empresa podría estar incurriendo en cuatro tipos diferentes de infracciones consideradas como cláusulas abusivas. La acción del Gobierno llega pocas semanas después de que otra compañía del sector, como es Alquiler Seguro, fuera multada con 3,6 millones de euros por prácticas similares contra sus inquilinos.
Entre las prácticas investigadas ahora destaca la imposición a la parte arrendataria de un seguro de impago, un requisito que a menudo supone un sobrecoste mensual para el inquilino y que el Ministerio considera que vulnera el derecho de los consumidores. Estos seguros, que habitualmente contrata la empresa con una entidad aseguradora y repercute en el inquilino, han sido objeto de numerosas denuncias por parte de asociaciones de vecinos y organizaciones de defensa del consumidor. Además, Consumo ha detectado la incorporación de una cláusula de reconocimiento de negociación individualizada en contratos de adhesión, una fórmula que la inmobiliaria utilizaría para aparentar que el inquilino ha pactado las condiciones cuando en realidad no ha tenido capacidad de negociación real.
Penalizaciones desproporcionadas y gastos injustificados
El Ministerio también considera posible infracción la imposición de una penalización "desproporcionada" por cada día de retraso en la entrega de la vivienda. Según la normativa de defensa de los consumidores, las cláusulas que establecen indemnizaciones excesivamente altas en relación con el perjuicio real causado pueden ser declaradas nulas por abusivas. El mismo criterio se aplica a la cuarta infracción detectada: la incorporación de una cláusula que impone al arrendatario gastos y penalizaciones "injustificados" en relación con los equipos de suministros y los cambios de titularidad de estos. Este tipo de cláusulas pueden suponer gastos adicionales de cientos de euros para los inquilinos en el momento de formalizar o finalizar un contrato de alquiler.
En el comunicado difundido esta semana, la Dirección General de Consumo ha querido aclarar que la mera apertura del expediente "no prejuzga el resultado final de la investigación". Esto significa que la inmobiliaria tiene derecho a presentar alegaciones y a defenderse antes de que el Ministerio dicte una resolución definitiva. No obstante, si las infracciones se confirman, la ley prevé multas de hasta un millón de euros por cada una de las cuatro prácticas detectadas. En el caso de que el beneficio ilícito obtenido por la empresa sea superior a esta cantidad, la multa podría ascender a entre seis y ocho veces este beneficio.
Un precedente reciente en el sector del alquiler
Esta nueva investigación se enmarca en una ofensiva del Ministerio contra las prácticas abusivas en el mercado del alquiler de viviendas. El pasado mes de abril, Alquiler Seguro fue sancionada con 3,6 millones de euros por cláusulas que "vulneraban el derecho de los consumidores y se aprovechaban de la posición de predominio del mercado". En aquel caso, se consideraron seis infracciones tipificadas como muy graves y una como grave, y la resolución quedó firme después de agotar la vía administrativa.
La reincidencia en las prácticas detectadas en el sector, si se confirma en esta nueva investigación, podría ser un factor agravante a la hora de determinar la cuantía definitiva de las multas. Las asociaciones de consumidores han celebrado la iniciativa del Ministerio y han reclamado que se extienda la investigación a otras grandes inmobiliarias que pudieran utilizar prácticas similares, especialmente la imposición de seguros de impago y penalizaciones desproporcionadas. Mientras tanto, la inmobiliaria investigada tiene ahora la oportunidad de presentar alegaciones antes de que el Ministerio dicte una resolución definitiva.