El viernes se tienen que votar los decretos de vivienda en el Congreso, donde se verá si se convalidan y continúan en vigor definitivamente o decaen. Pero, de momento, desde este jueves, el primero, aprobado el miércoles, ya es válido. Si prospera en la cámara baja, casi 1,9 millones de contratos se podrán prorrogar hasta 2028, año de vigencia de la norma en el primer decreto, de los cuales unos 340.000 en Catalunya, según los cálculos del Gobierno.
El Ministerio de Consumo, en manos de Sumar, el partido de la coalición que más ha presionado para proteger a los inquilinos, calcula que entre 2026 y 2028 se podrán acoger a la prórroga obligatoria 1.895.676 contratos de alquiler. De estos, 751.166 vencen este año; 809.899 en 2027 y 334.611 en 2028. Son estimaciones porque no hay un registro oficial de hogares que viven de alquiler y su vigencia. Consumo prevé que se beneficien unos cinco millones de personas.
Catalunya es, después de Madrid, el territorio con más hogares afectados, con 339.088 contratos de alquiler prorrogables. La gran mayoría están en la demarcación de Barcelona, con 248.053 contratos que vencen hasta 2028; en Tarragona son 37.470; en Girona, 34.864, y en Lleida, 18.701 contratos.
En la Comunidad de Madrid, el número de contratos prorrogables es de 402.082, mientras que el País Valencià ocupa el tercer lugar, con 224.372. En las Illes Balears, la prórroga de los contratos afectará a 69.154 hogares.
Estas cifras son siempre en el caso de que el viernes se apruebe el primero de los decretos Maricarmen, cosa que hoy por hoy está en el aire porque, de momento, no tiene el apoyo ni de Junts ni del PNV. El Gobierno tiene, por lo tanto, un día para negociar cambios con estos dos partidos y asegurarse la aprobación del decreto que no solo alarga los contratos, sino que también pone límites a la actuación de los fondos de inversión —que denomina "buitres"— y a la compra llamada especulativa.
Lo que es más difícil que prospere es el segundo decreto, que ya no establece la prórroga hasta 2028, sino que directamente convierte los contratos en indefinidos y prevé sanciones para los propietarios si no renuevan el contrato a sus inquilinos. Si no tienen una justificación válida, tendrán que indemnizar al inquilino con 12 mensualidades de la cuota de alquiler de un piso de las mismas características a precio de mercado.
Oposición de los empresarios
Todo el sector inmobiliario ha reaccionado en bloque contra los decretos porque consideran que no resuelve el problema principal, la falta de oferta, y que puede ser contraproducente porque reduzca todavía más la oferta de alquiler. De entrada, según los promotores, las inversiones para construir bloques destinados a alquiler se han paralizado a la espera de lo que pase con los decretos.
Las patronales también han mostrado su malestar. Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, acusó al Gobierno de socializar la propiedad privada de "miles de personas físicas que durante muchos años han ahorrado para tener un complemento de su pensión a través de una vivienda de alquiler". "Quieren resolver en ocho días lo que han sido incapaces de resolver en ocho años", añadió.
Antoni Cañete, presidente de Pimec, pidió consenso político en vivienda, pero preservando la seguridad jurídica y dando garantías a los propietarios. "Tenemos un problema de oferta. Si generamos inseguridad jurídica, si los propietarios perciben más riesgo y las viviendas acaban saliendo del mercado de alquiler, no habremos resuelto el problema y seguiremos teniendo un problema de oferta", advirtió.