La coalición de gobierno de Alemania, liderada por el canciller Friedrich Merz, ha presentado este jueves, tras meses de negociaciones entre CDU/CSU y SPD, un paquete de 34 medidas para impulsar la economía y el empleo. Las iniciativas, de carácter fiscal y laboral, principalmente, pretenden ser un revulsivo ante el freno de la economía alemana. 

El Bundesbank rebajó en junio al 0,5% su previsión de crecimiento del PIB de Alemania este año y al 0,8% la de 2027, frente a la expectativa de expansión del 0,6% y el 1,3%, respectivamente, que había estimado el pasado mes de diciembre. De cara a 2028, la entidad dirigida por Joachim Nagel contempla una aceleración del ritmo de crecimiento económico al 1,4%, según informa Europa Press.

El plan contempla, entre otros aspectos, un alivio fiscal de 10.000 millones anuales, una ambiciosa reforma del sistema de pensiones, medidas para reducir la burocracia, flexibilizar los contratos temporales o un mayor control de las bajas médicas y medidas contra el fraude en las prestaciones sociales.

El gobierno alemán ha tomado de base las 33 propuestas planteadas por una comisión de expertos para garantizar la sostenibilidad y equidad intergeneracional del sistema de pensiones, incluyendo vincular la edad legal de jubilación a la esperanza de vida, así como incorporar pensiones de capitalización canalizadas a través de un fondo que invertirá en los mercados. A estas propuestas, la coalición ha añadido medidas dirigidas a aliviar la carga burocrática de ciudadanos y empresas, además de aumentar la competitividad.

Presión fiscal a las rentas altas y más deducciones a la clase trabajadora

Entre las medidas fiscales, el plan gubernamental contempla reducir la carga de los ciudadanos en el impuesto sobre la renta a partir del 1 de enero de 2027 mediante el incremento del mínimo exento general, así como del mínimo exento por hijo, el incremento de la ayuda familiar por hijo, un aumento de la deducción global para trabajadores asalariados y moderando tramos del impuesto, que se acompaña de un desplazamiento hacia la derecha del tipo impositivo máximo.

"La prioridad se centra en las rentas medias y bajas. El alivio está diseñado de tal manera que tenga un mayor impacto en las familias con hijos; con esto, la coalición facilita de forma específica el día a día de las familias", recoge el documento con las 34 medidas planteadas.

De este modo, con su pleno efecto a partir de 2028, una familia trabajadora con dos hijos y unos ingresos anuales conjuntos sujetos a impuestos de 60.000 euros podrá percibir un alivio de más de 600 euros anuales en comparación con la actualidad, por lo que el volumen total de alivio de la reforma asciende a unos 10.000 millones de euros anuales.

A este respecto, el Gobierno compensará las pérdidas de recaudación fiscal principalmente mediante una modificación del "impuesto a los ricos", con un tipo impositivo del 45% a partir de unos ingresos de 250.000 euros y de 47% a partir de 280.000 euros, mientras que elevará al 5% desde el 2% el gravamen para los denominados 'Mini-Jobs'.

En el ámbito laboral, entre las diferentes medidas anunciadas destaca la posibilidad para los trabajadores contratados hasta el 31 de diciembre de 2030 de realizar la contratación temporal sin causa justificada hasta una duración máxima de 48 meses y con hasta seis prórrogas, además de posibilitar una nueva contratación inicial con el mismo empleador.

Además de ampliar las posibilidades de contratos temporales, también se introduce la ampliación del horario de apertura dominical para panaderías, pastelerías y bibliotecas acordada en el contrato de coalición.

Por otro lado, se elimina la baja médica telefónica y se castigará con mayor severidad la emisión incorrecta de un certificado de incapacidad laboral.

"Los niveles de absentismo por enfermedad, que se dispararon durante la pandemia, no han descendido", ha señalado Merz, para quien, si bien se trata de una decisión dura, Alemania no puede permitirse "esta desventaja competitiva derivada de largas ausencias en las empresas".

Lucha contra el fraude 

Por otro lado, el Ministerio de Trabajo y el Ministerio del Interior presentarán en julio un plan de acción para combatir el fraude en las prestaciones sociales, incluyendo un intercambio de datos lo más amplio posible entre todas las autoridades competentes.

"En cuanto a la reducción de burocracia: la protección de datos, tan importante, se ha convertido en sí misma en un monstruo burocrático", ha comentado Merz, por lo que el Gobierno simplificará las normas y también la propia protección de datos para ganar agilidad.

Asimismo, el plan de acción del Gobierno dedica su atención también a la crisis de la vivienda, incluyendo la decisión de crear una sociedad de construcción de viviendas cuya finalidad será impulsar la construcción de más viviendas en el segmento de precios económicos allí donde el mercado inmobiliario no ofrezca suficiente espacio habitable asequible a largo plazo.

Esta entidad deberá apoyar la construcción de viviendas sociales, operando especialmente en regiones con una escasez demostrada de vivienda. Asimismo, con el fin de no poner en riesgo la construcción privada de viviendas, se regulará mediante una ley federal que ya no sea posible la nacionalización de parques de viviendas de alquiler privados a través de leyes de socialización a nivel estatal.

"Sabemos que ustedes, ciudadanos de nuestro país, quieren decisiones y no disputas. Y eso es exactamente lo que hemos ofrecido", ha concluido Merz, quien percibe en la opinión pública "una gran disposición a tomar decisiones firmes y a emprender un nuevo comienzo".