Foment del Treball advierte de que el proyecto de ley que limita la compra de vivienda en zonas tensionadas –que sus impulsores políticos identifican con el nombre de ley contra la "compra especulativa"– de ninguna de las maneras incrementaría la oferta residencial. Además, considera que generaría inseguridad jurídica, creando un precedente peligroso, y que sustituye las políticas de vivienda por más intervencionismo administrativo.

El Parlament acordó esta semana tramitar este proyecto de ley por el procedimiento urgente de lectura única, que evita escuchar al sector, con los votos a favor de PSC, ERC y Comuns –la formación impulsora–, que se impusieron a Junts PP, Vox y Aliança Catalana. Además de Foment del Treball, también han expuesto su oposición la organización de promotores APCE y la asociación de propietarios Som Habitatge.

La patronal liderada por Josep Sánchez Llibre subraya que el proyecto de ley es un "ataque a los fundamentos de la propiedad privada" y que agravará la crisis de la vivienda. Reclaman "estabilidad normativa, diálogo y medidas efectivas para construir más viviendas".

En un documento, Foment se opone al proyecto de ley con estos nueve argumentos:

1. "El nombre de la ley anticipa su sesgo ideológico". Indican que no menciona medidas para facilitar el acceso a la vivienda, ni para incrementar la oferta residencial, sino de contención de la especulación, "dando por descontado que toda adquisición que no responda a los usos queridos o preferidos por el legislador constituye una forma de especulación". Consideran que "el título no describe objetivamente una realidad jurídica; incorpora ya un juicio político sobre la actividad de los ciudadanos".

2. "No es una política de vivienda; es una política de restricción de derechos". Recalcan que con esta ley no se construirá una sola vivienda, ni se urbanizará un solo metro cuadrado de suelo, ni se incentivará la promoción, ni se ampliará la oferta residencial. "Lo único que hace es restringir el derecho de propiedad, limitar la libertad de los ciudadanos e incrementar el control administrativo sobre el patrimonio privado. Cuando una ley solo prohíbe y no resuelve el problema que dice combatir, no es una política de vivienda; es una política de restricción de derechos".

3. "La propiedad privada deja de ser un derecho para convertirse en una autorización". Apuntan que la proposición de ley pretende "decidir quién puede comprar, con qué finalidad, cuántas viviendas puede tener y qué uso deberá hacer de ellas durante años".

4. "Se legisla contra una palabra, no contra un problema". Subrayan que la llamada "compra especulativa" constituye un "eslogan político, no una categoría jurídica". Añaden que "cuando el derecho se construye sobre etiquetas ideológicas en lugar de conceptos jurídicos precisos, desaparecen la seguridad jurídica y la previsibilidad que exige un Estado de derecho".

5. "La peor política de vivienda es la que genera inseguridad jurídica". Indican que se construyen viviendas cuando hay "confianza, estabilidad normativa y seguridad jurídica". Y advierten que con esta ley se conseguirá lo contrario: "retrasará inversiones, paralizará operaciones y reducirá aún más la oferta". Añaden que "la incertidumbre jurídica, que durará hasta que se pronuncie el Tribunal Constitucional anulando la ley, es una de las formas más eficaces de destruir vivienda sin prohibir formalmente su construcción". "Comprar una vivienda para rehabilitarla, reservarla para los hijos, conservarla como patrimonio familiar o invertir legítimamente no es especular".

6. "El problema no es solo la ley; es la manera de legislar". Consideran que tramitar esta ley a través de un procedimiento urgente de lectura única "degrada la calidad de la democracia". Entienden que es la moneda política con la que se ha pagado la aprobación de los presupuestos de la Generalitat.

7. "La libertad es la regla y la prohibición la excepción". Insisten en que "se presume que toda adquisición es potencialmente especulativa y solo se considera legítima cuando se ajusta a los fines previamente autorizados por el legislador [...] por lo que es la administración quien decide qué proyectos de vida merecen protección jurídica".

8. Debilidad institucional. Recuerdan que el procedimiento de lectura única fue concebido para iniciativas simples o ampliamente consensuadas. "Utilizarla para reformar uno de los derechos constitucionales más relevantes significa convertir una excepción reglamentaria en un mecanismo habitual para reducir el debate parlamentario".

9. "La crisis de la vivienda no se resuelve persiguiendo compradores, sino construyendo viviendas". Consideran que el problema de la vivienda no son los inversores, sino el hecho de que durante años se ha construido poco, se ha urbanizado poco y "se han acumulado trabas administrativas que han reducido la oferta". Concluyen que esta ley no afronta ninguna de estas causas.