La Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha publicado un estudio en el que cuantifica el fraude fiscal en el pago del IVA por parte de los hogares residentes en España. Según los cálculos de la entidad, referidos al año 2022, la brecha fiscal –es decir, la diferencia entre la recaudación teórica que se obtendría en ausencia de fraude y la recaudación real– se sitúa en 9.400 millones de euros. Esta cifra representa un 13,3% de los ingresos teóricos del impuesto y un 0,6% del PIB de ese año. El estudio de Fedea, que ha utilizado sus propias bases de datos elaboradas para el Observatorio sobre el reparto de los impuestos y las prestaciones entre los hogares españoles, deja fuera de la investigación la llamada brecha fiscal de política. Este concepto cuantifica el coste en términos de recaudación derivado de la existencia de tipos reducidos, exenciones y otros beneficios fiscales, que no son considerados propiamente fraude, sino decisiones de política tributaria.
Una de las conclusiones más relevantes del informe es la comparación con las estimaciones de la Comisión Europea para el conjunto del IVA en España. Mientras que Bruselas calcula una brecha fiscal de 4.000 millones de euros para el año 2022, Fedea obtiene 9.400 solo para los hogares residentes. Esta diferencia sustancial, admite el think tank, puede ser debida en parte a las diferencias metodológicas entre ambos enfoques. La Comisión estima que la recaudación teórica en el IVA correspondiente al consumo final de los hogares en España fue de 64.400 millones de euros en 2022, una cifra inferior a los 70.700 millones calculados por Fedea. Esta disparidad en el cálculo de la base imponible teórica explica gran parte de la diferencia en la estimación del fraude.
La ausencia de fraude en impuestos especiales
El estudio de Fedea parte del supuesto de que no existe fraude en los Impuestos Especiales –que gravan consumos como el alcohol, el tabaco o los carburantes– y de que estos forman parte de la base imponible del IVA en aquellos consumos sujetos simultáneamente a ambos tributos. Si se relaja este supuesto y se calcula la brecha con los ingresos reales de los Impuestos Especiales, la cifra se reduce hasta los 8.400 millones de euros, unos 1.000 millones menos. La entidad admite que su ejercicio está condicionado por esta hipótesis y que la relajación del supuesto tiene un impacto "no despreciable" sobre la cuantía estimada de la brecha fiscal. En cualquier caso, incluso en el escenario más optimista, la cifra de fraude continúa siendo muy superior a la calculada por Bruselas.
Fedea considera que la magnitud de la brecha estimada tiene implicaciones relevantes desde el punto de vista de la política tributaria. Según la entidad, estos resultados apuntan a la existencia de "un margen potencial significativo de mejora" en la eficiencia recaudatoria del IVA. No obstante, el think tank advierte que cualquier interpretación en términos de política fiscal se debe hacer con cautela, por las limitaciones de los datos empleados y la heterogeneidad de los mecanismos de incumplimiento. El informe no entra a detallar qué sectores o tipos de consumo son los que más contribuyen a esta brecha, pero sí que pone de manifiesto que el fraude fiscal en el IVA es un fenómeno relevante en España, tanto en términos absolutos como relativos. La cifra de 9.400 millones de euros supone un importe equivalente a buena parte del déficit público anual del Estado o al presupuesto de varias consejerías autonómicas.