El Consejo de Ministros aprobó el 27 de diciembre pasado nuevas iniciativas para responder a las consecuencias que la guerra de Ucrania está teniendo en la economía española y proteger a todos los ciudadanos, especialmente los más vulnerables. Entre estas medidas está el abono extraordinario de 200 euros destinado a dar apoyo a las rentas de las familias de clase media en un contexto de inflación. Con esta ayuda, que llegará a 4,2 millones de hogares, se reducirán las situaciones de vulnerabilidad económica que no están cubiertas por otras prestaciones sociales.

Los hogares interesados en esta prestación tendrán desde el próximo miércoles, 15 de febrero, hasta el 31 de marzo para rellenar el formulario electrónico disponible en la Seu Electrónica de la Agencia Tributaria. Por eso es necesario disponer de Cl@ve, certificado electrónico o DNI-e, aunque también puede presentar el formulario uno tercero por apoderamiento o colaboración social.

Los requisitos

La ayuda va dirigida a los asalariados, autónomos o parados inscritos en las oficinas de empleo que no reciban otras prestaciones de carácter social, como es el caso de las pensiones o el Ingreso Mínimo Vital. Y los requisitos son cuatro: haber percibido ingresos íntegros inferiores a 27.000 euros anuales y tener un patrimonio inferior a 75.000 euros. La vivienda habitual es excluida del cómputo del patrimonio; el cómputo de los ingresos y del patrimonio se efectúa sumando los de los familiares que convivan al mismo domicilio: el solicitante, su cónyuge o pareja de hecho, descendientes y ascendientes hasta segundo grado; no se sumará el ingreso y el patrimonio de las personas que compartan piso sin tener una relación familiar; los beneficiarios tienen que tener la residencia habitual en España. Así pues, las personas que, a 31 de diciembre de 2022, perciban el Ingreso Mínimo Vital, o pensiones abonadas por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado, así como los que perciban prestaciones análogas reconocidas, pero no integradas en estos regímenes. Los administradores de derecho duna sociedad mercantil que no cesaron en su actividad a 31 de diciembre de 2022.

¿Con qué se lo pueden gastar?

Por otra parte, este va en paralelo a la alimentación. Eso quiere decir que no hay que gastar el cheque en la compra de alimentos, ya que el Ejecutivo ha asegurado que no podría controlar el gasto de cada familia, por lo cual queda como de "libre disposición" aunque su objetivo inicial es ayudar a las unidades familiares en el ámbito de la alimentación por el incremento de los precios. Hay que recordar que estos 200 euros forman parte de un conjunto de medidas aprobadas el último 2022 que también incluyen la eliminación del IVA para los alimentos de primera necesidad (paso del 4% al 0%); la bajada del IVA del 10% al 5% para aceites y pasta; la prórroga de las condiciones de los contratos de alquiler en su renovación para evitar subidas abusivas durante los próximos seis meses; ayudas directas a los agricultores de 300 millones de euros, para compensar el aumento de los costes por el encarecimiento de los fertilizantes; apoyo a la industria gasintensiva con una nueva línea de liquidez del ICO de 500 millones de euros y 450 millones de euros en ayudas para el sector de la cerámica y otros subsectores, además de 3.100 millones de inversión pública mediante el nuevo Perte de descarbonización industrial.

Los problemas para hacer la solicitud

Si el solicitante tiene domicilio fiscal en Navarra o en el País Vasco, las haciendas locales son las competentes para recibir las solicitudes y administrar el cheque. Si no, se tendrá que rellenar un formulario online a través de la Agencia Tributaria española. A partir de aquí, la cuantía se recibirá en un único pago mediante transferencia bancaria desde el momento que empiece a funcionar. Y eso se sitúa en el mes de mayo. Además, la medida fue criticada, especialmente, para que la brecha digital afecta precisamente en los más vulnerables que pueden percibir esta ayuda y, por lo tanto, la gestión y los trámites que se requieren imposibilitan que sea ágil por los contribuyentes que tienen derecho a esta ayuda. Aunque desde La Moncloa defienden que no hay que aportar ningún tipo de documentación. Al cubrir el cuestionario, los datos de las diferentes administraciones se cruzarán y aclararán si tiene derecho o no a cobrar la ayuda. La letra pequeña también da otra derivada. Este tipo de cheques suelen esconder una letra pequeña. Mucha gente no sabía que había que tributarla. Por lo tanto, el dinero que se reciba ahora tendrá que aparecer recogido en la Declaración de la renta del siguiente ejercicio.

Francesc Reguant, presidente de la Comisión de Economía Agroalimentaria del Colegio de Economistas de Catalunya, valora para ON ECONOMÍA el cheque: "Puede ser que sea una medida más estética, pero este sector de la sociedad tiene grandes debilidades económicas y puede ser de gran ayuda". A pesar de todo, hay dos aspectos negativos: el cobro no se hará efectivo hasta el mes de mayo y las personas que tienen que acceder a esta ayuda lo tienen que hacer por Internet y a través de un trámite burocrático demasiado pesado. En más, su perfil coincide con el mayoritario de lo que tienen acceso a Internet y con una brecha digital mayoritaria.

Impacto de las políticas sociales

A pesar de esta ayuda, si nos fijamos en los últimos informes atados a la actuación sobre la covid, España no lidera las políticas sociales. Las medidas de apoyo a empresas y familias para paliar los efectos de la covid hicieron que, durante el primer año de la pandemia, se duplicara en España el porcentaje de subvenciones que se conceden anualmente en relación con el PIB. Sin embargo, eso no evitó que España se colocara en la cola de Europa en ayudas directas concedidas para combatir los efectos económicos de la pandemia, ya que la mayoría de las subvenciones se concedieron con garantías en forma de avales bancarios y una mínima parte como ayudas directas no reembolsables. En concreto, durante 2020 se duplicaron las ayudas públicas a España hasta alcanzar lo 1,46% del PIB, muy por debajo del 2,43% de la media del conjunto de países de la UE, incluido el Reino Unido, lo cual sitúa el país en el vigésimo lugar de la UE. Del total, una de cada tres ayudas (el 34,7%) concedidas en el 2020 se destinó a paliar los efectos de la pandemia, lejos del porcentaje del 59,3% del conjunto de la UE.