El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, liderado por Óscar Puente, ha puesto en marcha un plan para facilitar la salida voluntaria del mercado laboral de los empresarios autónomos del transporte por carretera. Con una partida de 9,6 millones de euros para este ejercicio de 2025, el Ejecutivo busca afrontar uno de los problemas estructurales del sector: el progresivo envejecimiento de su plantilla y las consecuencias que esto acarrea para la seguridad y la salud de los profesionales.

La iniciativa, gestionada a través de la Dirección General de Transporte por Carretera y Ferrocarril, no es una simple ayuda al cese, sino una herramienta estratégica con un triple objetivo: proteger a los trabajadores más veteranos, incentivar la renovación generacional en un oficio con graves dificultades para atraer jóvenes y, en última instancia, elevar los estándares de seguridad en el asfalto.

El perfil del beneficiario de estas ayudas está claramente definido para priorizar a quienes se encuentran en una situación de mayor precariedad o desgaste físico. Podrán acogerse a la subvención los transportistas autónomos que cumplan al menos uno de estos dos requisitos:

  • Tener 63 o más años, una edad que supera en tres años la jubilación anticipada ordinaria y que refleja los años de dura actividad al volante.
  • Haber obtenido el reconocimiento de una incapacidad permanente, absoluta o total para el desempeño de la profesión de transportista. Este punto es crucial, ya que actúa como una red de seguridad para aquellos cuya salud se ha visto irreversiblemente mermada por el oficio.

Además, se exige que al menos una de las autorizaciones de transporte público del solicitante esté en vigor en el momento de la solicitud y se mantenga así hasta su renuncia formal, ligada a la concesión de la ayuda o a la resolución de la pensión por incapacidad.

Más allá de una subvención

El comunicado oficial del Ministerio va más allá de la mera descripción administrativa y enmarca la medida en una estrategia de mayor calado. "Con esta medida lo que se pretende es salvaguardar la salud de los profesionales más vulnerables del sector", se afirma en la nota. Según la administración, un conductor que supera cierta edad y cuyas capacidades pueden estar mermadas por problemas de salud derivados de la profesión (Problemas de espalda, fatiga crónica y trastornos del sueño) es un riesgo potencial para sí mismo y para el resto de usuarios de la carretera. 

Los datos concretos ya comienzan a dar forma a la teoría. Según el listado de beneficiarios publicado en la sede electrónica del Ministerio, un total de 321 transportistas autónomos han sido los pioneros en acogerse a esta ayuda durante 2025. Esta cifra, que representa una inversión inicial de una parte significativa de los 9,6 millones presupuestados, es considerada por los analistas como un primer barómetro del éxito de la medida.

Desde la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), han valorado positivamente la iniciativa. "Llevamos años alertando del envejecimiento de la flota, pero también de los conductores. Es un trabajo extremadamente duro, con noches en vela, plazos de entrega imposibles y una presión física y mental enorme. Que un autónomo de 65 años pueda sentirse apoyado para dejar el camión, y que a la vez se libere una licencia para que un emprendedor más joven pueda entrar, es un círculo virtuoso que el sector necesitaba con urgencia", señaló un portavoz de la organización.

La ayuda, por tanto, se erige como la punta de lanza de un proceso más complejo: la modernización de un sector clave para la logística española. Al facilitar la salida de los profesionales más veteranos, se crea un espacio para la entrada de nuevos talentos, presumiblemente más familiarizados con las nuevas tecnologías, la digitalización de la logística y los vehículos más eficientes y seguros.

El Ministerio de Óscar Puente envía así un mensaje claro: el futuro del transporte por carretera pasa por cuidar a quienes han sido su columna vertebral durante décadas, al tiempo que se prepara el terreno para una nueva generación que garantice la sostenibilidad y competitividad del sector en las próximas décadas. Los 9,6 millones de euros no son solo una ayuda al retiro; son, sobre todo, una inversión en el futuro de la movilidad.