El Govern ha aprobado un primer paquete de medidas con el objetivo de responder a las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Oriente Medio, en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas, alteraciones en las cadenas de suministro y un incremento sostenido de los costes energéticos y logísticos. Este escenario tiene efectos directos sobre la economía catalana, especialmente en sectores con alta dependencia exterior, como el exportador, el industrial y el agrario.

Ante esta situación, el ejecutivo ha decidido activar un conjunto de actuaciones orientadas tanto a mitigar los impactos inmediatos como a reforzar la capacidad de adaptación del tejido económico y social. La cifra movilizada asciende a 400 millones de euros. Los objetivos definidos por el ejecutivo de Salvador Illa responden a la necesidad de fortalecer la resiliencia del tejido empresarial para asegurar que las empresas catalanas puedan continuar compitiendo en un entorno global más incierto. Las medidas se articulan en tres grandes ejes, que combinan instrumentos de apoyo directo, incentivos económicos y reformas orientadas a la transformación del modelo productivo:

-Medidas de apoyo y acompañamiento al tejido económico (216 millones)
-Medidas de protección a las familias y en defensa del poder adquisitivo (30 millones)
-Medidas de aceleración de la transición ecológica (154 millones de euros)

El primer bloque concentra la mayor parte de los recursos y se orienta a garantizar la continuidad de la actividad empresarial en un contexto de incertidumbre internacional. El aumento de los costes logísticos, las dificultades en el comercio exterior y la volatilidad de los mercados son algunos de los factores que han motivado estas actuaciones. Las medidas más destacadas son las siguientes:

-Líneas de financiación.
-Ampliación de ayudas a la promoción de la internacionalización y a la creación de filiales en el extranjero.
-Ayudas para la inversión industrial destinadas a la descarbonización.
-Ayudas a empresas exportadoras con mercancía en tránsito en el momento del estallido del conflicto bélico.
-Creación de un canal de atención a consultas de empresas catalanas con presencia en Oriente Medio, con un plazo de respuesta inferior a 48 horas.
-Campaña de posicionamiento de Cataluña para la captación de nuevas inversiones y como centro logístico alternativo en el contexto internacional actual.
-Nuevas convocatorias para inversiones en regadíos y protección de cultivos, así como ayudas específicas para árboles frutales.
-Ayudas a pequeños transportistas, autónomos y pequeñas y medianas explotaciones agrarias afectados por el incremento de precios de los carburantes.
-Medidas contra el incremento del coste de los fertilizantes.
-Impulsar la electrificación de la flota auxiliar de acuicultura como medida de reducción de costes energéticos.
-Exención del impuesto sobre las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica utilizados en el transporte de mercancías.
-Exención temporal, durante nueve meses, del pago de tasas sobre las emisiones de titulaciones de pesca.

Medidas de protección a las familias y trabajadores

El segundo eje del plan se centra en el impacto directo de la crisis sobre los hogares, especialmente en un contexto de incremento del coste de la vida. El aumento de los precios de la energía y de los bienes esenciales puede afectar de manera más intensa a los colectivos con menos recursos. En este ámbito, las medidas previstas son:

-Creación de una línea abierta de ayudas a familias para dar respuesta a situaciones de vulnerabilidad vinculadas a las consecuencias económicas de la guerra.
-Apoyo a los ayuntamientos reforzando las ayudas de urgencia social para hacer frente a los gastos esenciales de las familias vulnerables, incluyendo alimentación y suministros básicos.
-Más aportación económica para potenciar la red de transporte por carretera, ante la posibilidad de un aumento de la demanda de transporte público.
-Revisión de los precios del transporte escolar para evitar que las licitaciones queden desiertas y garantizar la continuidad del servicio.

El tercer eje incorpora medidas orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles, una de las variables más afectadas por la inestabilidad internacional. La estrategia apuesta por reforzar el despliegue de las energías renovables y la movilidad sostenible. Las actuaciones más destacadas incluyen:

-Nueva línea de crédito del Institut Català de Finances para financiar proyectos de energía renovable.
-Incremento de los recursos de L’Energètica para impulsar parques públicos fotovoltaicos y proyectos en colaboración con ayuntamientos.
-Promoción de comunidades energéticas con participación ciudadana y orientadas a la autoproducción y consumo directo de energía renovable.
-Impulso del biogás como vía para generar biometano y ampliar la capacidad energética sostenible.
-Impulso de la compra pública verde.
-Simplificación de los procedimientos para las licencias de autoconsumo.
-Seguimiento de la evolución del precio del combustible para valorar posibles ajustes en el modelo de costes del transporte de mercancías.
-Agilización de los pagos a las empresas operadoras de transporte por carretera.
-Desarrollo de la infraestructura pública de recarga a través de L’Energètica.

Este paquete de medidas se inscribe en un contexto internacional condicionado por la volatilidad de los mercados energéticos y comerciales. El Govern plantea una respuesta que combina actuaciones inmediatas con líneas de intervención a medio y largo plazo, con el objetivo de reducir el impacto económico y reforzar la capacidad de adaptación de la economía catalana ante escenarios de riesgo.