España, junto con otros seis socios comunitarios –Dinamarca, Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Suecia–, ha defendido este lunes la necesidad de preservar las actuales metas europeas de reducción de emisiones en el sector del automóvil, advirtiendo que una relajación de las normas podría poner en riesgo las inversiones ya realizadas para impulsar la movilidad eléctrica.
En un documento conjunto difundido en el marco del debate sobre la futura regulación comunitaria, estos siete Estados sostienen que modificar de forma sustancial el marco normativo enviaría señales contradictorias a la industria en un momento en el que comienzan a apreciarse los resultados de las inversiones destinadas a la transición energética.
La posición de estos países surge en respuesta a la propuesta presentada por la Comisión Europea para revisar la normativa de emisiones de CO₂ aplicable a turismos y furgonetas. El ejecutivo comunitario plantea que, a partir de 2035, el objetivo de emisiones deje de exigir una reducción total del 100% y pase a fijarse en el 90%, permitiendo compensar el porcentaje restante mediante el uso de materiales de baja huella de carbono producidos en Europa o combustibles alternativos como los sintéticos y los biocombustibles.
De prosperar esta modificación de la UE, se suavizaría la prohibición práctica de comercializar vehículos nuevos con motores de combustión a partir de esa fecha. La iniciativa supone un cambio respecto a la propuesta original de Bruselas de 2021, posteriormente respaldada por las instituciones europeas en 2023, y responde a las presiones de la industria automovilística, que denuncia una evolución de las ventas de vehículos eléctricos más lenta de lo previsto.
La revisión abriría la puerta a que tecnologías como los híbridos enchufables, los híbridos ligeros o los vehículos con motores de combustión interna mantuvieran presencia en el mercado después de 2035, compartiendo espacio con los modelos eléctricos de batería y los impulsados por hidrógeno.
No obstante, los siete países firmantes consideran que cualquier margen de flexibilidad para los fabricantes debe ser limitado y cuidadosamente regulado para evitar que se frene la transformación industrial del sector o se reduzcan los incentivos a la inversión en electrificación.
Además de mantener los objetivos climáticos, los Estados firmantes reclaman medidas que faciliten la adopción masiva del vehículo eléctrico. Entre ellas destacan la ampliación de la red de recarga, el impulso a incentivos para consumidores y empresas y el fortalecimiento del mercado de ocasión, con el fin de mejorar la accesibilidad de esta tecnología.
El documento también apuesta por reforzar la capacidad industrial europea vinculada a la fabricación de vehículos eléctricos, baterías y componentes estratégicos, con el objetivo de preservar empleo y aumentar la competitividad del continente en un mercado global cada vez más exigente.
Por otro lado, los gobiernos firmantes muestran su rechazo a propuestas que, según consideran, carecen de una base científica sólida y podrían ralentizar la transición energética. Entre ellas citan la posibilidad de mantener ventajas regulatorias para los híbridos enchufables, recordando que análisis de la propia Comisión Europea concluyen que este tipo de vehículos genera emisiones significativamente superiores a las reflejadas en sus pruebas de homologación.
Asimismo, expresan reservas sobre una mayor integración de combustibles renovables o neutros en carbono dentro de los objetivos de reducción de emisiones para automóviles. A su juicio, todavía existen dudas sobre aspectos como la certificación, la trazabilidad y el riesgo de contabilizar varias veces las mismas reducciones de emisiones.
En este sentido, defienden que estos combustibles deben destinarse prioritariamente a actividades donde la electrificación resulta más compleja, como la aviación o el transporte marítimo, además de contribuir a la descarbonización del parque automovilístico ya existente.
"En conclusión, Dinamarca, Francia, Luxemburgo, los Países Bajos, Portugal, España y Suecia piden preservar una senda clara y ambiciosa hacia la electrificación dentro del marco de las normas de CO2, que refuerce la competitividad a largo plazo de la industria automovilística europea y mejore la asequibilidad para los ciudadanos europeos", según subrayan los países firmantes.