Los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo (ERTE) se han convertido, en los últimos años, en un instrumento de protección social ante situaciones catastróficas. Según los datos del Ministerio de Trabajo, en el balance realizado al cabo de un año de la devastadora DANA que asoló la Comunidad Valenciana a finales de octubre de 2024, este mecanismo sirvió de escudo para 33.642 trabajadores y 2.877 empresas afectadas por la catástrofe. La cifra refleja no solo el impacto económico inmediato del fenómeno climático, sino también la capacidad de respuesta coordinada entre administraciones y agentes sociales.

El departamento que dirige Yolanda Díaz describe cómo un “éxito del diálogo social” se concreta en un dato: el 98% de los trabajadores que se acogieron a estos expedientes han podido reincorporarse ya a sus puestos de trabajo. Esta altísima tasa de retorno indica una recuperación sostenida de la actividad productiva en los sectores más castigados, principalmente el comercio, la hostelería y la industria local, que vieron sus instalaciones y equipamientos gravemente dañados por las aguas.

Más allá de la eficacia de los ERTE como red de seguridad inmediata, los datos macroeconómicos subrayan una tendencia positiva y robusta en el mercado laboral de la provincia de Valencia. La afiliación a la Seguridad Social ha experimentado un incremento neto de 44.838 personas respecto a los registros de septiembre de 2024, el mes previo a la catástrofe. Este crecimiento, que supera las previsiones iniciales, sugiere no solo una vuelta a la normalidad, sino un impulso en la creación de nuevos puestos de trabajo.

En paralelo, el paro registrado en la provincia ha sufrido una disminución significativa de 9.881 personas. Este descenso del desempleo es especialmente relevante en un contexto posterior a la catástrofe, donde el riesgo de un aumento repentino del paro era una amenaza latente. La combinación de ambas cifras pinta un escenario esperanzador de un año después, marcado por la resiliencia de la economía valenciana.

El impulso para la reconstrucción

Si los ERTE fueron la respuesta defensiva, los planes de empleo de la DANA han constituido la ofensiva para la recuperación. El Ministerio de Trabajo desplegó dos fases de actuación, con una dotación global de 130,6 millones de euros.

  • Primera fase (50 millones de euros): Este paquete inicial de medidas fue dirigido a la activación de empleo de urgencia en áreas críticas. Los resultados, ya materiales, muestran que se contrataron 3.122 personas a través de 70 ayuntamientos. Estos puestos de trabajo se destinaron a tareas tan diversas como la rehabilitación de infraestructuras públicas y privadas, la reconstrucción de espacios de uso común, la atención sociosanitaria a personas afectadas, el refuerzo de los servicios municipales básicos y la promoción de actividades socioculturales para la recuperación del tejido social.
     
  • Segunda fase (80,6 millones de euros): Con una perspectiva de medio plazo, este segundo plan está diseñado para consolidar la recuperación y profundizar en la dinamización económica. Según las previsiones del Ministerio, esta inyección financiera permitirá que 7.750 personas trabajadoras, actualmente en situación de desempleo, puedan acceder a un nuevo puesto de trabajo. El objetivo explícito es “dinamizar y recuperar la actividad económica de los municipios afectados”, asegurando que el impulso inicial se traduzca en empleo estable y en la revitalización de los comercios y las pymes locales.

​​​​​​​El balance del Ministerio de Trabajo a un año de la DANA configura un modelo de actuación integral ante emergencias. La combinación de estas políticas no solo ha contenido el impacto laboral de una catástrofe natural, sino que ha sentado las bases para una recuperación económica que, según indican las cifras, camina hacia el saneamiento y la creación neta de empleo.