El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha abierto una investigación para “perseguir y eliminar” los anuncios de pisos en alquiler en zonas declaradas tensionadas que infrinjan la ley. En un comunicado, precisa que perseguirán los anuncios se ofrecen a precios superiores a los fijados por ley para los grandes tenedores o que no incluyan en el anuncio cuál era el precio del último contrato de alquiler que se ofreció en esta vivienda, para el caso de los particulares. Advierte que estas actuaciones podrían ser infracciones de la normativa de consumo y considerarse “prácticas desleales por engañosas” y, por tanto, acarrear sanciones.
En las zonas declaradas oficialmente como tensionadas, la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, publicada en el BOE el pasado 27 de diciembre, obliga a los portales inmobiliarios a publicar, de forma clara y accesible, información que permita al consumidor conocer los parámetros utilizados para justificar la renta ofertada. Por ejemplo, debe constar la última renta del contrato anterior para los particulares o el índice de renta aplicable para los grandes tenedores.
Subratlla que la Ley de Servicios de Atención a la Clientela obliga a portales inmobiliarios y a las inmobiliarias a que los anuncios de viviendas en alquiler se adecuen a los precios regulados en zonas tensionadas.
El secretario general de Consumo, Andrés Barragán, envió el pasado 29 de diciembre una carta a los principales portales inmobiliarios y asociaciones de inmobiliarias en la que los informaba de los cambios legales y advertía de que su incumplimiento podría ser considerado una “práctica desleal por engañosa”. Estos cambios afectan a los anuncios online que ofertan y sus responsabilidades como intermediarios entre arrendador y arrendatario, según señala el Ministerio liderado por Pablo Bustinduy en el comunicado.
Informa de que esta investigación abierta por Consumo se inicia después de que, en el marco de la monitorización del mercado de la vivienda, se hayan detectado prácticas que podrían infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas.
Réplica de Idealista
El portal inmobiliario Idealista ha replicado este viernes al Ministerio de Consumo que la responsabilidad sobre el contenido de los anuncios inmobiliarios "corresponde siempre al propio anunciante, como titular de la información publicada, y no a la plataforma que actúa como intermediaria". Idealista señala, en un comunicado, que así ha "quedado confirmado por la jurisprudencia española" y que la nueva Ley de Servicios de Atención a la Clientela, aprobada el pasado diciembre, "no altera" el reparto de responsabilidades que viene determinado por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales (DSA).
Por otro pate, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el pasado lunes que el Consejo de Ministros aprobará en los próximos días un decreto ley con tres medidas para intervenir ante el "abuso" y "fraude" que se sufre en el mercado de la vivienda. En primer lugar, anunció una bonificación del 100% del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a los propietarios que renueven los contratos de alquiler sin subir el precio; lo que, según expuso, va a compensar lo que ganarían si incrementasen el precio de la vivienda. Y avanzó medidas para limitar los contratos de temporada, así como el alquiler de habitaciones. La iniciativa va a tener serias dificultades para prosperar, porque el Gobierno vuelve a necesitar a Junts per Catalunya, y la formación independentista ha roto sus relaciones con los socialistas. Y no solo eso, Sumar y Podemos ya se han mostrado en contra de la iniciativa.
