La Comisión Europea avisa al Gobierno que la obligación de etiquetar productos en lenguas como el catalán "levanta barreras" para las empresas españolas y europeas. Además, critica los impuestos regionales como el que Catalunya aplica sobre las bebidas azucaradas envasadas, que no existen en otras comunidades autónomas.
En la evaluación económica y social de España que la Comisión Europea ha presentado este miércoles, indica que las "diferentes normativas" autonómicas pueden suponer un problema para la integración de los mercados europeos, según informa la ACN. Bruselas indica en un informe que "las diferencias en las normativas regionales aumentan los costes de cumplimiento y crean obstáculos para las empresas que operan entre regiones y desde otros países de la UE". Entre las normativas que señala se encuentra "la obligación de etiquetar los productos tanto en español como en la lengua regional correspondiente".
En síntesis, entienden que una empresa que vende el mismo producto en toda Europa intenta utilizar cuantas menos etiquetas diferentes para reducir costes. La Comisión vela para que las regulaciones estatales no generen obstáculos desproporcionados al comercio.
Sin embargo, desde Catalunya se han recordado repetidamente los derechos lingüísticos y de los consumidores, por los que el etiquetado de los productos que adquieren debe incluir su lengua. En el caso del catalán, no es una lengua minoritaria, sino que es la de millones de consumidores. También esgrimen que las lenguas no se mantienen únicamente en la escuela, sino en ámbitos cotidianos como el comercio –desde los supermercados a cualquier tipo de tienda– o en la atención al cliente. Y subrayan que añadir el catalán no supone una carga económica.
El anterior planteamiento de la Comisión Europea se centra en evitar barreras regulatorias en el mercado único, mientras que los defensores del catalán recuerdan los derechos lingüísticos, la igualdad de los consumidores y la protección de una lengua con millones de hablantes.
En 2005, la Comisión Europea aceptó que los ciudadanos pudieran dirigirse a ella en catalán, gallego o euskera y recibir respuesta en estas lenguas. No les otorgó estatus de lenguas oficiales de la UE, pero reconoció un uso institucional limitado. Cualquier ciudadano puede escribir a la Comisión en catalán y obtener respuesta en esta lengua mediante los mecanismos de traducción previstos. Pero todavía no la ha reconocido como "lengua oficial" de la Unión Europea.
Según las encuestas, crece el número de ciudadanos que conoce el catalán, pero baja su uso social. Ante esta situación, la Fundació Vincle lanzó una campaña para animar a los empresarios y comerciantes a introducir el catalán "de manera natural y gradual" en todos sus productos y servicios: en la relación con los clientes, el etiquetado, las facturas, la publicidad..., pero también en las relaciones laborales. Empresarios como Jaume Roures han defendido que "la militancia con el catalán en la empresa es necesaria".
Además, la Comisión Europea se ha mostrado crítica con el impuesto sobre las bebidas azucaradas envasadas, que no existen en otras comunidades autónomas del Estado. Este impuesto es un tributo propio de la Generalitat, vigente desde 2017. Grava refrescos, bebidas energéticas, algunos néctares, tés, cafés preparados y otras bebidas con azúcares añadidos. Su objetivo declarado es reducir el consumo de azúcar y promover hábitos más saludables en línea con recomendaciones de la OMS.
El impuesto se aplica en función de la cantidad de azúcar que contiene la bebida: cuanto mayor es la concentración, mayor es la cuota. Aunque legalmente lo pagan distribuidores o establecimientos, el coste suele trasladarse al precio final que paga el consumidor. Los defensores sostienen que ayuda a combatir problemas de salud pública como la obesidad y la diabetes y puede incentivar a los fabricantes a reducir el contenido de azúcar.