El Consejo de Ministros ha aprobado en primera vuelta la reforma de la Ley de Industria, un texto que data de 1992. Entre los grandes cambios cabe destacar una mayor intervención del Gobierno, de la mano de la Secretaría General de Industria y Pymes, en los procesos de cierre que conlleven una "importante reducción de empleo". Fuentes del Ministerio de Industria no matizan qué se entiende por una "importante" reducción de empleo, aunque cabe interpretar que no se puede considerar de la misma manera una empresa de varios centenares de trabajadores en una zona desindustrializada, que otra con miles en una gran ciudad. Igualmente, exigirá que una empresa que haya recibido ayudas públicas deberá mantener la actividad productiva al menos cinco años en caso de las grandes empresas y tres en caso de las pymes.
Otro punto relevante de la nueva normativa es la pretensión del Gobierno de España de “fortalecer la soberanía estratégica industrial” lo que significa romper la dependencia del exterior en determinados productos que se consideren estratégicos. Se quiere evitar que se reproduzcan episodios de falta de suministros de productos esenciales que no se fabrican en España o en pocas cantidades, como quedó patente con la pandemia. O incluso después, cuando la escasez de microchips, cuyo monopolio está en Asía, paralizó la fabricación y comercialización de muchos productos con fuerte componente electrónico, como los automóviles. La ministra de Industria, Reyes Maroto, declaró tras la aprobación este lunes que con la ley se “potencia la autonomía industrial de nuestro país”.
Pacto de Estado por la Industria
El texto, ahora en forma de anteproyecto, se someterá a un proceso de negociación con los agentes sociales, como han solicitado ya las patronales o el sindicato UGT (que valora positivamente la iniciativa de renovar la ley), antes de volver al Consejo de Ministros para ser aprobado en segunda vuelta como proyecto y remitido a las Cortes. Maroto pretende negociar, además de con los agentes sociales, con los partidos políticos y las comunidades autónomas un Pacto de Estado por la Industria que permita dotar al sector de un marco estable con el objetivo de aumentar su peso en la estructura productiva española.
El anteproyecto de ley incluye un capítulo especial que pretende ordenar los procesos de reindustralización o el cierre de empresa donde peligre un gran número de puestos de trabajo. A tal fin se establece la obligación de la empresa, en determinadas circunstancias, de “anticipar” un cierre o la reducción de actividad que involucre una importante reducción de empleo. Fuentes del Ministerio explican a ON ECONOMIA que cuando una gran empresa decida cerrar su actividad deberá comunicárselo previamente a la Secretaría General de Industria y Pymes y abrir un proceso de negociación donde se exploren “fórmulas para la prevención, corrección o mitigación de los efectos asociados al cierre”. Lo que obligará a la empresa a abrir una “Mesa de Reindustrialización”, donde además de los “actores implicados” -como los sindicatos o empresas suministradoras-, estará presente la Administración General del Estado, la mayoría de las veces a través de la Secretaría General de Industria.
Potenciar desde el Estado la Industria
La nueva ley establece que la Administración General del Estado “promoverá y desarrollará líneas de ayudas que favorezcan la modernización, el desarrollo y la competitividad industrial”. A cambio, exigirá que los beneficiarios de las ayudas mantengan la actividad productiva (por tanto, no valdrá con la comercial) como mínimo cinco años, tres si la ayuda la ha recibido una pyme. No obstante, para facilitar el desarrollo de las industrias en sus primeros años de vida, la ley introduce la figura de la “refinanciación de préstamos” para facilitar la devolución de los préstamos concedidos a las empresas en programas nacionales de ayudas públicas.
Para fomentar el incremento del peso del sector industrial de la economía española (existe ya una obligación de elevarlo al 20% del PIB, cuatro puntos por encima de su participación actual), la ley crea el Consejo Estatal de Política Industrial como órgano consultivo, asesor y de colaboración en las materias que afectan a la industria para favorecer su crecimiento, “resiliencia” y competitividad, explica el Ministerio de Industria. Además, se elaborará la Estrategia Española para el Impulso Industrial 2030 que será el documento que contendrá las líneas generales y las directrices básicas de la política industrial española y el Plan Estatal de Impulso Industrial.
Polos de desarrollo industrial
La nueva ley se volcará en los polos de desarrollo industrial, especialmente aquellos que tienen la consideración de estratégicos, promoviendo las medidas de apoyo que sean precisas. En esta misma línea, la ley regula por primera vez los “proyectos industriales de interés general” que deberán cumplir al menos dos de las tres condiciones siguientes: primera, mover un significativo volumen de inversión y de empleo indefinido; segunda, ser proyectos dentro de ecosistemas industriales definidos o, tercero, que pertenezcan a sectores considerados estratégicos por el Consejo de Seguridad Nacional o alineados con los objetivos industriales de la UE e integrados en los mecanismos de financiación europea.
En este sentido, la ley obligará a las Administraciones Públicas (incluidas las locales y autonómicas) a promover e implantar, dentro de su ámbito competencial, medidas que contribuyan a la dotación de los servicios e infraestructuras necesarios para el fomento de áreas industriales. La promoción de suelo industrial se realizará preferentemente mediante consenso con los actores implicados en su desarrollo y gestión.
Industria consumidora de energía
La ley reconoce una especial protección a la industria que usa la energía de forma intensiva y generará medidas de acompañamiento, incluidas las financieras, para facilitar la descarbonización de los procesos productivos de estas empresas. Asimismo, la norma presta una especial atención a los programas de internacionalización que tengan como finalidad la introducción o la consolidación de las empresas industriales españolas en un ámbito internacional.