El Departament de Salut está ultimando el convenio con la Seguridad Social para que las Mutuas del Trabajo presten asistencia en Catalunya a los enfermos con lesiones traumatológicas que no se deban a la actividad laboral. Según señalan a On Economia fuentes del Ministerio de Inclusión y Seguridad Social, la firma es inminente y desde el Govern se ha mostrado un gran interés por avanzar en el acuerdo. No obstante, fuentes oficiales de la Consellería de Salut prefieren “no valorar la información”.

De cumplirse, Catalunya se convertiría, tras Baleares, en la segunda comunidad autónoma en adherirse al acuerdo con la Seguridad Social para que las Mutuas den cobertura asistencial por contingencias comunes en la sanidad pública. Sin embargo, los plazos podrían ser no tan inmediatos teniendo en cuenta los antecedentes: el Ministerio que dirige Elma Saiz anunciaba en abril que ya se había firmado el acuerdo con Baleares y, sin embargo, no ha visto la luz hasta el pasado 18 de junio. Igualmente, se ha especulado con que Navarra y la Región de Murcia tenían las negociaciones más adelantadas y ninguna de las dos ha rubricado todavía sus convenios.

Antecedentes

En mayo de 2023, las patronales CEOE y Cepyme y los sindicatos CC. OO. y UGT pactaron en el marco del V Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) que las Mutuas de Trabajo, muy equipadas para los tratamientos traumatológicos al tratarse de una dolencia frecuente en los entornos laborales, contribuyesen a reducir los periodos de curación de los trabajadores por bajas de contingencias comunes por estas lesiones.

Las organizaciones firmantes alegaron entonces que el aprovechamiento de los recursos de las Mutuas colaboradoras de la Seguridad Social podía mejorar los tiempos de espera, la atención sanitaria de las personas trabajadoras y la recuperación de su salud, así como contribuirían a reducir la lista de espera en el Sistema público. Al objeto de cumplir esta finalidad, dichas organizaciones instaron a las administraciones con competencias sanitarias a desarrollar convenios con las Mutuas, encaminados a realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores en procesos de Incapacidad Temporal por contingencias comunes de origen traumatológico. Con la matización de que, en todo caso, es establecerían “garantías de intimidad, sigilo, confidencialidad, consentimiento informado y coordinación con el profesional sanitario del Sistema público de salud. Porque se insistió mucho entonces, y ahora, que los medidos de las Mutuas no tienen la potestad de dar las altas en el caso de las contingencias comunes.

Convenios con el INSS

El Ministerio de Inclusión y Seguridad Social que dirige Elma Saiz recogió el guante y optó por hacer suya la reivindicación acordada en el V AENC. A tal fin, acordó en septiembre del año pasado con sindicatos y patronales iniciar una ronda de negociaciones con todas las consejerías de salud para promover convenios de colaboración con las Mutuas de Trabajo, entidades colaboradoras de la Seguridad Social.

Aunque las listas de espera afectan a toda la población, el acuerdo de Baleares -así como el resto de las comunidades que decidan adoptar convenios de colaboración- limita la participación de las Mutuas de Trabajo a aquellos trabajadores que estén de baja por incapacidad temporal derivada de una lesión traumatológica fuera del entorno laboral. El objetivo de estas entidades colaboradoras de la Seguridad Social es dar cobertura sanitaria en los tratamientos derivados de una enfermedad profesional o por accidentes ocurridos durante la jornada laboral. Unos servicios que son costeados por las empresas. Según explican fuentes sindicales a On Economia, cada convenio tendrá sus peculiaridades, pues el acuerdo firmado entre los agentes sociales y el Ministerio de Inclusión en septiembre pasado se limitó a unas bases orientativas.

Pero siguiendo la estala de Baleares, los convenios se han de firmar a tres bandas con la participación del Instituto Nacional de la Seguridad Social, la consejería autonómica de salud y, del lado de las Mutuas, las entidades con cobertura en el territorio que voluntariamente quieran adherirse y su patronal Amat. Las consejerías de Sanidad no abonarán a estas entidades una compensación económica por el servicio sanitario que prestarán a una parte importante de su población de referencia, como son los trabajadores de baja por lesiones ocurridas fuera de su ámbito laboral. A pesar del ahorro que supondrá el tratamiento de las Mutuas a este colectivo.

Sin embargo, las Mutuas sí tendrán una ganancia indirecta, pues son las encargadas de abonar las bajas por incapacidad temporal del personal de las empresas que contratan sus servicios. Si se reduce el tiempo de la baja, rebajarán el coste de las prestaciones que sustituyen a las nóminas. Por el lado de las comunidades autónomas, su beneficio es acortar las listas de espera al dejar de tratar a una parte de sus pacientes, lo que permitirá destinarán sus recursos a los enfermos que no son trabajadores. Y para la Seguridad Social también hay un ahorro, pues buena parte de las prestaciones -a partir del día 21 de baja- corren a su cargo.

Causas del retraso

No están claras las causas que están motivando el retraso en la firma de los convenios después de más de 10 meses de negociaciones entre el INSS y las consejerías de sanidad. Desde los sindicatos denuncian que las negociaciones en algunos territorios, como Aragón de forma declarada, pero en otras muchas sin declarar- se ha puesto encima de la mesa la necesidad de abordar medidas contra el absentismo laboral. Los sindicatos defienden que el absentismo derivado de las bajas por incapacidad temporal no compete a las consejerías de sanidad de las autonomías y señalan que detrás de esta pretensión están las Mutuas del Trabajo, que buscan recortar el gasto, disparado, en las bajas por contingencias comunes.