En el complejo mosaico de las finanzas autonómicas, Catalunya se encuentra, una vez más, en el punto de mira. La noticia de las nuevas condiciones de financiación regional para el período 2026-2028, analizadas esta semana por la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), no hace, sino, confirmar esta realidad persistente.

Como motor económico de España, pero sujeta a estrangulamientos financieros recurrentes, la situación de la Generalitat evidencia las profundas fisuras de un modelo que, bajo la pretensión de un retorno a la normalidad, consolida un acceso desigual a los recursos.

El núcleo de la cuestión radica en la clasificación en cuatro niveles de acceso a los mercados, una estructura piramidal donde Catalunya se ve relegada al peldaño más bajo junto con la Comunidad Valenciana y Murcia.

Estos territorios, los únicos que incumplen tanto el criterio de déficit como el de deuda (superior al 19,5% del PIB), verán su capacidad de acceso al crédito limitada a la suscripción de préstamos que no superen el 10% de sus necesidades totales de financiación. Esto significa, en la práctica, una incapacidad práctica para emitir deuda en los mercados, una herramienta financiera básica para cualquier administración que pretenda invertir y crecer.

Un contexto histórico de desequilibrios

Para entender la gravedad de esta medida, hay que retroceder hasta la crisis financiera de 2008, un punto de inflexión tras el cual varios territorios, entre ellos Catalunya, se vieron obligados a recurrir a los mecanismos extraordinarios del Estado. Instrumentos como el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) sirvieron de red de seguridad, pero con un coste: la pérdida de autonomía financiera y la sujeción a condiciones estrictas.

Ahora, el Gobierno promueve esta reforma como proceso de transición hacia la "normalidad" financiera, alejándose progresivamente de estos mecanismos de ayuda con la previsión de que se extingan en 2029.

No obstante, esta "normalidad" se construye sobre bases profundamente desiguales. Las siete comunidades que ya se financian exclusivamente en los mercados (Asturias, Castilla y León, Canarias, Galicia, Madrid, Navarra y Euskadi) continuarán haciéndolo sin restricciones. Un segundo escalón, más favorable, incluye regiones como Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria y La Rioja, a quienes se les permitirá combinar el Fondo de Financiación con la emisión de valores en los mercados.

Las consecuencias para Catalunya

La situación se vuelve particularmente grave para Catalunya. Al ser confinada al cuarto nivel, la Generalitat se ve privada de un instrumento clave para la gestión de su liquidez y la financiación de inversiones estratégicas. La imposibilidad de emitir deuda la aboca a una mayor dependencia de los fondos gestionados desde Madrid, limitando severamente su capacidad para diseñar una política económica propia.

Esta restricción se aplica en un contexto en el que el FLA se convierte en un "mecanismo de último recurso", según la AIReF, y donde solo la Comunidad Valenciana y Murcia continuarán sujetos a él por el incumplimiento del periodo medio de pago a proveedores. Para Catalunya, la vía quedará reducida principalmente a la Facilidad Financiera, un instrumento menos rígido que el FLA, pero insuficiente para cubrir las ambiciones de desarrollo de una economía de sus dimensiones.

El criterio utilizado, el umbral del 19,5% de deuda sobre el PIB, actúa como una lanza que penaliza a los territorios que, por razones históricas y de modelo productivo, arrastran una carga mayor. Catalunya, con una deuda que supera con creces este límite, se ve atrapada en un ciclo vicioso: la restricción para financiarse en condiciones competitivas le dificulta invertir para crecer y, por tanto, reducir el peso relativo de su deuda.

La conclusión que se extrae del análisis de la AIReF es clara: el nuevo modelo, aunque teóricamente abre la puerta a los mercados a todas las comunidades, establece en la práctica un régimen dual. Por un lado, un grupo de regiones con plena capacidad para gestionar sus finanzas con autonomía.

Por otro, un segundo grupo, encabezado por Catalunya, condenado a una dependencia y a un acceso restringido a los mecanismos de financiación más ventajosos. Antes del próximo 30 de noviembre, las comunidades adheridas al Fondo de Financiación que quieran combinarlo con la salida al mercado deberán presentar un Plan Plurianual de Endeudamiento. Para Catalunya, este trámite se hará bajo la sombra de unas reglas del juego que, desde el principio, le niegan la posibilidad de jugar en igualdad de condiciones.