El año 2023 trae algunos cambios legales que tendrán un impacto en la economía de muchos españoles. Son modificaciones en los salarios y en las cotizaciones a la Seguridad Social o en algunos impuestos, en especial rebajas en el IVA de algunos productos básicos. ON ECONOMÍA hace un repaso por las medidas que más afectan, de forma positiva o negativa, a los bolsillos de muchos ciudadanos.
Subidas salariales
Unos 19 millones de personas tienen asegurado para el año que viene un incremento de sus ingresos, desde un mínimo del 3% para los funcionarios hasta un 15% para los perceptores de pensiones no contributivas e ingreso mínimo vital (IMV). Entremedias, pensionistas, trabajadores con cláusula de revisión salarial o con salario mínimo interprofesional (SMI) y preceptores del paro pueden ver incrementados sus ingresos entre el 6% y el 9%.
A los pensionistas les aumentará el 8,5%. En España hay 9.728.388 personas que viven de una pensión contributiva, 9.036.457 trabajaron en el sector privado y 691.931 en la administración pública. A todos ellos les subirá sin distinción de renta el 8,5% de acuerdo a la nueva ley que establece la revalorización de las pensiones según el IPC medio del año pasado, medido de noviembre a noviembre.
A los preceptores de pensiones no contributivas e IMV se les incrementa el 15%. En julio había 447.000 personas que cobraban una pensión no contributiva (no han cotizado lo suficiente) y en diciembre, otras 549.670, el ingreso mínimo vital (IMV), que daban soporte a 1.542.675 beneficiarios a su cargo. A todos ellos se les incrementarán los ingresos un 15% para acortar su brecha de ingresos con la media nacional.
El personal de la administración pública dispondrá de un 2,5%-3,5% más de dinero. En enero de 2022 constaban 2.717.570 personas empleadas en la administración pública: 513.721 en el Estado, 1.611.697 en las comunidades autónomas y 592.152 en las entidades locales. Sus nóminas han aumentado este 2022 un 3,5% tras aplicar una subida en noviembre del 1,5%. Para 2023 gozarán de un incremento mínimo del 2,5% más un punto adicional si en septiembre el PIB es igual o superior al 2,1% (0,5% de incremento), y otro 0,5% si la inflación armonizada de 2022 más la de septiembre de 2023 supera el 6%, lo que es bastante probable.
Los trabajadores con cláusula de revisión salarial tendrán un aumento del 5,8%. Algo más de 1,9 millones de empleados tienen firmada una cláusula de revisión salarial en sus convenios colectivos que garantiza el año que viene la subida del 5,8% equivalente al cierre del IPC interanual a diciembre. Eso supone el 22,5% de los 8,4 millones de asalariados actualmente con convenio.
Los asalariados con SMI tendrán un alza entre el 7% y el 9%. Algo más de dos millones de trabajadores están cubiertos por el salario mínimo interprofesional (SMI) y, por tanto, su subida va ligada a la decisión que finalmente adopte el Gobierno. Una subida que podría rondar entre el 7% y el 9% (pasar de 1.000 euros al mes por 14 pagas a 1.070-1.090 euros).
Los perceptores de desempleo cobrarán un 8,5% más. Aunque la cifra depende de cómo se comporte el mercado laboral, este año han cobrado el paro 1,76 millones de trabajadores. Aquellos que se beneficien de esta prestación verán incrementar su paga un 8,5%, hasta un máximo de 1.224 euros para un parado sin hijos, 1.399 euros para un parado con un hijo y 1.557 en el caso de tener dos o más hijos a su cargo. También se recupera el 60% de la base reguladora (actualmente el 50%) de la prestación por desempleo desde los seis meses.
Seguridad Social
La otra cara es que todos los trabajadores tendrán que pagar más a la Seguridad Social en sus futuras nóminas, el 0,1% de aumento, aunque el coste para las empresas se eleva en medio punto. Es el efecto del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (MEI) aprobado para generar un colchón para las pensiones del baby-boom. Actualmente, a un trabajador se le descuenta un 4,7%, que se aumenta al 4,8%, es decir, de 47 euros de cotización por cada 1.000 euros a 48. La empresa, sin embargo, pasará de pagar del 23,6% al 24,1%.
Pero determinados colectivos sufrirán un mayor incremento. Así, a los trabajadores que coticen por la base máxima, 4.139,4 euros brutos al mes, se les aumentará la cotización el 8,6%, en igual proporción que la subida de las pensiones. Elevarán su base máxima a 4.495 euros al mes, lo que supondrá 21,26 euros de cotización más al mes.
Igualmente, aumentará la cotización de los trabajadores con SMI, pues la base mínima se aumentará en la misma proporción que el salario mínimo. Actualmente, este colectivo abona 47 euros al mes a la Seguridad Social, y si finalmente la subida del SMI es de un 8,5%, tendrán que pagar cinco euros más al mes a la Seguridad Social.
Cambios para los autónomos
Sin embargo, el cambio más profundo lo sufrirán los autónomos, pues en 2023 entra en vigor un nuevo sistema del Régimen Especial del Trabajo Autónomo (RETA) que pretende ir acercando la cotización de este colectivo a sus ingresos reales. Actualmente, pueden elegir la cuota que quieren pagar al mes. Se establece una tabla de cotización, y en función de los tramos de ingresos, habrá algunos a los que se les reducirá la cuota, y otros, los de mayores ingresos, a los que se les aumentará respecto a lo que abonan hoy.
En 2022, la cuota mínima ha sido de 294 euros (el 85% de los autónomos cotizaban por este mínimo). A aquellos que calculen unos ingresos inferiores a los 1.300 euros al mes se les reducirá la cuota sobre la actual, con un mínimo de 200 euros al mes en 2025 para los autónomos que menos ganan. Quienes ingresen entre 1.300 y 1.700 euros pagarán lo mismo que en 2022, y a los que superen esa cifra, se les aumentará la cuota a partir de 2023. La Seguridad Social ha habilitado una web para que cada autónomo simule sus nuevas cuotas para 2023.
Bajadas del IVA
Una de las novedades que más afectará al bolsillo de los ciudadanos este año son las rebajas que el Gobierno ha aprobado esta última semana para el IVA de determinados productos básicos, dentro del tercer paquete de medidas por la guerra de Ucrania. Así, no se pagará el impuesto, suprimiendo el tipo superreducido (4%), por el pan, las harinas panificables, la leche, los quesos, los huevos, las frutas, verduras, hortalizas, legumbres, tubérculos y cereales. Se han quedado fuera la carne y el pescado.
Igualmente, se ha reducido el impuesto del 10% (tipo reducido) al 5% en el aceite de oliva y de semillas (girasol y otros) y a la pasta alimenticia. Fuera de las medidas de choque, que se revisarán el 31 de marzo, el gobierno español ya había aprobado pasarlo del tipo reducido (10%) al superreducido (4%) en los productos de higiene íntima femenina, así como a los preservativos y anticonceptivos no medicinales.
Fin a los 20 céntimos
A cambio, el Gobierno ha restringido la rebaja de 20 céntimos por litro de gasoil y gasolina a colectivos profesionales, por lo que a partir del 1 de enero los carburantes estarán 20 céntimos más caros para el conjunto de la ciudadanía. Para compensar este efecto sobre ciertas clases sociales, se ha modificado el cheque de ayuda de 200 euros que el año que viene cobrarán las familias con rentas anuales inferiores a 27.000 euros y con un patrimonio que no supere los 75.000 euros, descontando la vivienda. Igualmente, se mantendrá la subvención al transporte público, tanto el urbano como el interurbano, como en trenes y autobuses de larga distancia.
Variaciones en el IRPF
Respecto al IRPF, se eleva de 14.000 a 15.000 euros la exención de la obligación de declarar para contribuyentes que perciban rentas del trabajo de más de un pagador. Se quiere compensar la subida del SMI con el fin de dejar a este colectivo fuera de la obligación de declarar. Igualmente, se amplía la reducción por rendimientos de trabajo hasta 21.000 euros anuales.
Igualmente, se extiende un año más la ayuda de 100 euros al mes para madres con hijos de hasta tres años que hayan cotizado un mes o recibido una prestación contributiva o asistencial. Y, finalmente, se incrementa la aportación en un punto, del 27% al 28%, para las rentas de capital (derivadas de inversiones y no del trabajo) para el tramo entre 200.000 y 300.000 euros.
Al margen del impuesto de la renta, unos 23.000 contribuyentes, los megarricos que residen en España, el año que viene estarán obligados a tributar por un nuevo impuesto, el de solidaridad de las grandes fortunas que, aprobado por el Gobierno, pretende complementar al actual impuesto de patrimonio. El objetivo es que ninguna gran fortuna evite el pago del impuesto de patrimonio gracias a que ciertos gobiernos autonómicos han bonificado las cuotas.