Cuando el mercurio se eleva por encima de los 40 grados, no solo sufren las personas; también lo hace la economía. Y en el Estado, esta relación entre calor y pérdidas es más estrecha que en ningún otro país de la Unión Europea. Un informe reciente de la compañía aseguradora Allianz sitúa las eventuales pérdidas para la economía española hasta 2030 en 120.000 millones de dólares, el equivalente a unos 105.000 millones de euros.
Esta cifra representa el 7% del PIB, un agujero económico comparable a todo el presupuesto de gasto social del Estado en un año. Pero los datos de Allianz no son los únicos. Un estudio anterior de investigadores de la Universidad de Mannheim y del Banco Central Europeo (BCE) coloca a España a la cabeza de la lista de países de la UE más castigados por fenómenos meteorológicos extremos, con 12.000 millones de euros de pérdidas solo en 2025. Y la tendencia es ascendente: el impacto económico podría escalar hasta los 34.000 millones de euros en 2029, superando ampliamente las pérdidas estimadas para Italia y Francia.
El estudio detalla los efectos en cadena que provoca el estrés térmico. En primer lugar, la recaudación por impuestos caería un 1,3%, lo que afecta a la capacidad del Estado para financiar servicios públicos. En segundo lugar, los salarios se reducirían entre un 0,7% y un 1,3%, mientras que los precios al consumo subirían de forma acumulada un 1,9%. El paro, finalmente, aumentaría 2,45 puntos porcentuales en el mismo periodo. Es decir: más calor, menos actividad, menos ingresos, más gasto y más paro. Además, el informe señala otro factor a menudo pasado por alto: el consumo energético. España se encuentra entre los países donde más aumenta el consumo eléctrico per cápita durante las olas de calor, entre un 4% y un 5%, por el uso masivo del aire acondicionado. Un aumento que, además de disparar la factura energética, presiona una red eléctrica que ya trabaja al límite.
El impacto sobre los trabajadores
El calor no solo daña las carreteras o los campos; también reduce la capacidad de producir. Un estudio conjunto de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Meteorológica Mundial calcula que la productividad de los trabajadores cae entre un 2% y un 3% por cada grado que supera los 20 grados centígrados. Esta pérdida de rendimiento se nota especialmente en sectores como la construcción y la hostelería, donde la actividad al aire libre o en espacios sin climatización es habitual.
La Organización Internacional del Trabajo aporta un dato todavía más contundente: desde 2020, el número de trabajadores expuestos a calor extremo ha aumentado cerca de un 35% en todo el mundo. Y las previsiones para 2030 apuntan a una pérdida del 2,2% del total de horas trabajadas a escala global. En el caso español, esta cifra se traduce en millones de horas perdidas, especialmente en los meses centrales del año, cuando las olas de calor se hacen más frecuentes e intensas.
Con cada episodio de calor extremo, el Ministerio de Trabajo recuerda a las empresas su obligación de prevención. La normativa establece que se debe detener la actividad si existe un riesgo inminente para la salud de los trabajadores. No se trata de una recomendación, sino de una exigencia legal que las empresas están obligadas a cumplir. El sector de la construcción, uno de los más vulnerables, ha desarrollado protocolos específicos para hacer frente a estos escenarios. En situaciones de alerta naranja o roja por altas temperaturas, las empresas del sector prohíben los trabajos en solitario, priorizan las tareas en interiores o a la sombra e incrementan el suministro de agua. Si el riesgo no se puede eliminar, se deben adoptar medidas sobre las condiciones de trabajo, incluyendo la reducción o modificación de la jornada laboral.