La Comisión Europea (CE) urge a España a impulsar una verdadera oferta de vivienda pública y asequible, que acabe con su falta, una situación que califica de "desafío" y que afecta especialmente a familias vulnerables y a jóvenes.
Hay "poca" oferta de vivienda pública y asequible y está "significativamente" por debajo de la media de la UE, según recoge al ejecutivo comunitario en el 'Paquete de primavera', el documento que ha presentado este miércoles en el que analiza los retos de cada Estado miembro.
Después de constatar la falta de vivienda pública y asequible, el documento de la CE propone "liberar suelo público, expandir el stock de vivienda social de alquiler y aumentar la financiación para vivienda asequible y social", unas medidas que servirían para aumentar la "disponibilidad de casas".
Bruselas recuerda que España todavía tiene "pendiente" una reforma del suelo que "facilitaría un nuevo desarrollo de la vivienda reduciendo los tiempos, aportando estabilidad regulatoria y eliminando cuellos de botella administrativos innecesarios."
Los servicios económicos de la CE también urgen a España a "abordar las carencias laborales" en el sector de la construcción, un factor "fundamental" ya que "más del 50% de las empresas" informan que "tienen dificultades importantes para encontrar trabajadores".
Este informe se ha elaborado a partir de datos del Banco de España. Precisamente, de acuerdo con estos datos, el 40% de los inquilinos españoles destinan un 40% de sus recursos económicos al pago del alquiler, cuando la media europea está en el 27%. Calculan que en España hay un déficit de 600.000 viviendas.
Respecto a otras recomendaciones, proponen que España mejore la regulación del agua para hacer frente a los retos del cambio climático, simplifique la burocracia administrativa –ponen en evidencia "la fragmentación reguladora" entre las diferentes administraciones públicas– e invierta más en Defensa. En este último punto, el documento insta a España a reforzar este aspecto aprovechando los topes máximos sobre incremento del gasto recomendados por el Consejo de la UE a principios de año.
Por otra parte, la CE no aplicará un procedimiento de déficit excesivo a España –pese a superar los límites establecidos–, que es el mecanismo que somete a los estados con un déficit y una deuda excesivamente elevados a más controles financieros por parte de Bruselas. El Gobierno alegó el impacto en sus cuentas de las medidas por la dana de la Comunidad Valenciana. En este sentido, la CE considera que España cumple "en términos generales" las reglas fiscales, previendo que el déficit público sea del 2,8% en 2025 y baje hasta el 2,5% en 2026. En la misma línea, y tal como expresó el ejecutivo comunitario en las últimas previsiones macroeconómicas, la situación de la economía española es "buena", siendo uno de los países de la UE que más crece y que presenta un mercado "robusto".