La Comisión Europea ha abierto varios expedientes a España este jueves. Uno de ellos, por la opa del BBVA sobre el Sabadell; otro por retrasos con las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales y por haber adaptado de forma incompleta la aplicación de otras medidas introducidas por el reglamento sobre transferencia de fondos. El Gobierno de Pedro Sánchez tiene ahora dos meses para responder a esta carta de emplazamiento, pero, si Bruselas considera que sus explicaciones son insuficientes podrá decidir elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).

Junto a España, la Comisión también ha expedientado a Bélgica, Polonia y Portugal por no haber transpuesto a tiempo las modificaciones de la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales introducidas por el Reglamento sobre transferencia de fondos y por no haber notificado a Bruselas las normas sobre sanciones administrativas y otras medidas aplicables a las infracciones del reglamento.

Esta norma sobre transferencia de fondos sustituye y amplía el ámbito de aplicación del anterior reglamento sobre la información que acompaña a las transferencias de fondos y modifica la directiva contra el blanqueo de capitales. El objetivo de esta reforma es introducir nuevos requisitos para prevenir mejor el blanqueo de capitales mediante el uso indebido de criptoactivos.

Autoridad de supervisión para el metano

A su vez, la Comisión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España por incumplir la obligación de designar una autoridad de supervisión del cumplimiento de las normas sobre emisiones de metano y notificarlo a Bruselas antes de que el pasado febrero expirara el plazo fijado por la normativa comunitaria.

El aviso tiene la forma de una carta de emplazamiento remitida a las autoridades nacionales que detalla las irregularidades y da al Estado miembro un plazo de dos meses para resolver la situación. De mantenerse el incumplimiento, el expediente sancionador prevé dos fases más, una con el envío de un dictamen motivado que da un nuevo plazo de dos meses para el diálogo y la última que supondría elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para pedir una sanción contra el país incumplidor.

El reglamento aborda la cuestión de las emisiones de metano en los sectores del petróleo crudo, el gas natural y el carbón. Su objetivo es mejorar la medición y la notificación de las emisiones de metano en la UE, fomentar la reducción de estas y aumentar la transparencia en la UE y a escala mundial, según resume la Comisión en un comunicado.

También incentiva a los socios internacionales de la UE a medir, notificar y reducir sus emisiones de metano. Junto a España, Bruselas expedienta por el mismo motivo a otros ocho países: Bulgaria, Estonia, Irlanda, Italia, Lituania, Austria, Eslovaquia y Finlandia.

Bruselas urge a España que aplique directivas de IVA

Por otra parte, la Comisión Europea envió este jueves a España dos dictámenes motivados para urgirle a que incorpore en la legislación nacional dos directivas europeas en materia de IVA, lo que representa el segundo paso en los procedimientos de infracción abiertos por este motivo.

Las autoridades españolas tienen ahora dos meses para responder al Ejecutivo comunitario, que de no quedar satisfecho con las medidas propuestas para subsanar el caso, puede llevar a España ante el TJUE. Por un lado, Bruselas ha enviado un dictamen a España, Bélgica, Bulgaria, Grecia y Rumanía por no haber comunicado la total transposición de la directiva de tipos del IVA, que debía ser trasladada a sus legislaciones nacionales antes del 31 de diciembre de 2024.

Esta normativa flexibilizó el uso del tipo reducido en el IVA, que antes de la reforma estaba limitado a una lista preestablecida de productos, y dio más libertad a los Estados miembros para decidir qué bienes y servicios podían disfrutar de un gravamen inferior al general. Por otro lado, los países también tenían hasta el 31 de diciembre de 2024 para adoptar la directiva de tipos especiales del IVA para pequeñas empresas, que permite a estas firmas vender bienes y servicios sin cargar el IVA y también alivia sus obligaciones tributarias en relación con el impuesto.

Modificar el tamaño de las empresas

Finalmente, la CE ha dado un ultimátum de dos meses a España para adaptar a su legislación nacional una directiva que modifica los criterios del tamaño de las empresas para ajustarlos al impacto de la inflación y otra sobre los requisitos para calcular los colchones de capital de los bancos para hacer frente a los riesgos del mercado.

El Gobierno central tiene ahora dos meses para responder a estas cartas de emplazamiento pero, si la Comisión considera que sus explicaciones son insuficientes, podrá decidir elevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) e imponer multas.

En cuanto a la directiva sobre el tamaño de las empresas, Bruselas ha apremiado a España, Malta, Portugal y República Checa a garantizar la transposición de las medidas de esta norma que aumenta los criterios de tamaño monetario para determinar la categoría de una empresa a fin de ajustarlos al impacto de la inflación desde 2013.