La Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona ha analizado el mercado de alquiler en la capital catalana y concluye que la ciudad de Barcelona no es un área con mercado de vivienda tensa, según los nuevos parámetros marcados a la recientemente aprobada ley española de la vivienda. "No se podrá declarar Barcelona como un área tensionada y, por lo tanto, limitar el precio de los alquileres, porque será muy difícil justificar esta circunstancia de acuerdo con los supuestos que marca la nueva ley de la vivienda," ha explicado Joan Ràfols, presidente de la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona. Del análisis que ha hecho la entidad, se concluye que solo tres distritos de los 10 que configuran la ciudad, Ciutat Vella, Sarrià-Sant Gervasi y Sant Martí, cumplen uno de los tres requisitos que marca la norma para poder declarar que una zona urbana tiene el mercado del alquiler a más no poder respecto de los niveles de renta de la población que vive.
Los responsables de la Cámara de la Propiedad advierten que, por lo tanto, Barcelona no puede ser declarada zona tensa con respecto al precio del alquiler y que, en caso de que así se intente determinar, se tienen que medir las consecuencias que eso tendrá de discriminación de áreas urbanas de la misma ciudad y respecto de otros. Consideran también que la norma estatal generará desequilibrios no solo urbanos, sino también territoriales entre comunidades autónomas y poblaciones. Ràfols ha cifrado que al conjunto de España, excepto ciudades como Barcelona y Madrid, el peso del alquiler en el conjunto del mercado de la vivienda es muy bajo, del 15%. Al mismo tiempo, alertan de que teniendo en cuenta que el PP no ha apoyado la ley y que las autonomías tienen competencias en la materia, las diferencias se agravarán.
Volviendo a Barcelona, ciudad, según los parámetros marcados por la nueva ley de la vivienda para determinar una zona como área con mercado de vivienda tenso, el responsable del estudio y gerente de la Cámara, Òscar Gorgues, ha remarcado que el esfuerzo de las familias por pagar un alquiler está por debajo del 30%, fijado por la norma, en todos los distritos, excepto a Ciutat Vella, donde este indicador se sitúa en el 31,49%. En concreto, el esfuerzo (renta familiar media) en el 2022 en la ciudad de Barcelona fue de un 22,46% por término medio, muy por debajo del mínimo establecido. En concreto, ningún distrito supera el 25% y quedan por debajo del 20% Les Corts i Sarrià-Sant Gervasi.
Con respecto a la compraventa de viviendas, la inversión que las familias han asumido se sitúa en un 24,11% por término medio el año 2022. En particular, ninguno de los distritos de la ciudad de Barcelona supera el 30% estipulado por la regulación vigente. En este supuesto -que está relacionado con la variación del IPC y su crecimiento porcentual- la ley establece que en los últimos 5 años la variación porcentual del índice de precios tiene que superarse en 3 puntos. En este periodo, en Barcelona, el IPC medio ha sufrido una variación de 11,64%, mientras que el precio del alquiler ha variado un 10,47% y el precio de compra un 13,27%. Solo en el caso de Sarrià-Sant Gervasi se ha llegado al 23,62%, y a Sant Martí, al 15,26%. No obstante, que determinaría una tensión en los precios en estos distritos, Òscar Gorgues ha argumentado que el tipo de oferta inmobiliaria que hay en el mercado determina mucho este porcentaje. Es decir, ha explicado que teniendo en cuenta que el estudio se ha realizado con datos del periodo 2018-2022, el mercado de la vivienda ha variado sustancialmente, pasando de una amplia oferta de viviendas de segunda mano en la entrada de obra nueva que, evidentemente, tiene unos precios de compra superiores.
Desde la Cámara de la Propiedad Urbana se insiste en el hecho de que una regulación en el control de precios no es la solución que necesita el parque de alquiler a las grandes ciudades como Barcelona o Madrid. "A medio y largo plazo, el control de precios de alquiler no funciona porque reducen la oferta, bloquean el mantenimiento y rehabilitación del parque edificado, benefician en la población con rentas más elevadas y dificultan el acceso a la vivienda para alquilar a las personas de menos recursos", ha expresado Joan Ràfols durante su intervención. De hecho, el presidente de la entidad ha puesto los ejemplos de la congelación del alquiler de los años 1920 hasta 1994 en España y de la Ley 11/2020 sobre contención de rentas en Catalunya, que ha sido anulado parte de su articulado por el Tribunal Constitucional.
Según Ràfols, el problema que genera mayor tensión en ciudades como Barcelona es la falta de oferta y de terrenos disponibles. También apuntó a la falta de proyectos de construcción. "Encima desincentivamos la inversión", ha alertado. Por otra parte, ha recordado que en la ciudad existe muy poco parque de alquiler por dos motivos: el control de rentas aplicado durante el franquismo, que desincentiva el alquiler privado, y la falta de inversión pública en políticas de vivienda social, tanto en el ámbito catalán como nacional.
Aparte de eso, Ràfols ha explicado que no tiene ningún sentido, ni es homologable en Europa, reducir la figura de gran tenedor, además de 5 viviendas. El presidente de la cámara ha destacado que el mercado de arrendamiento, en España, se caracteriza por ser minifundista y también ha asegurado que este cambio en la definición de gran tenedor únicamente responde a una justificación para controlar los precios del mercado.