El Gobierno de coalición, ERC y EH Bildu llegaron a un acuerdo a mediados del mes de abril para desbloquear la ley de vivienda, que este miércoles se está debatiendo en el Senado y, salvo sorpresa de última hora, se aprobará de manera definitiva y sin cambios. Una de las medidas estrella es limitar los precios de alquiler en zonas tensionadas y establece mecanismos para ampliar la oferta de vivienda social.
¿Qué es una zona tensionada? Se habla de una zona tensionada cuando la carga media del coste de la hipoteca o del alquiler más los gastos supere el 30% de la renta media de los hogares. Además, también se considerará zona tensionada si el precio de compra o arrendamiento ha aumentado al menos tres puntos por encima del IPC en los cinco años anteriores a la declaración de zona tensionada. La declaración o no de zona tensionada recaerá sobre cada comunidad autónoma y bastará con que se cumpla una de las dos condiciones anteriores.
Trece millones de hogares en España se encuentran en zonas tensionadas
En concreto, la nueva ley de vivienda afectará al 61,09% de los hogares españoles, según un análisis de Atlas Real State, que asegura que más de trece millones de hogares en el país se encuentran en zonas tensionadas. Estos hogares se encontrarían dentro de los códigos postales analizados para el estudio que cumplen al menos con uno de los requisitos.
De momento, durante este año se aplicará el límite del 2% en vigor, mientras que el año que viene será del 3%. Según el estudio, el porcentaje de población en áreas tensionadas superaría el 40% al menos en diez provincias españolas, siendo más elevados en provincias como Balears (94,74%), Málaga (94,4%), Madrid (89,94%), Cádiz (89,94%) y Barcelona (80,07%). En el otro extremo se situarían provincias como Valladolid y Palencia, con un índice de población en área tensionada por debajo del 10%.
Según los datos arrojados por Atlas Real State, el archipiélago balear sigue siendo la zona más tensionada (94,55% de los hogares están en zonas que cumplen al menos uno de estos requisitos), seguido de Málaga (92,95%), Madrid (83,14%), Barcelona (75,22%) y Álava (74,72%).
La ley de vivienda establece asimismo que los grandes tenedores "tendrán la obligación de colaborar con las administraciones públicas competentes en materia de vivienda" y que estas podrán exigirles en las zonas tensionadas "el cumplimiento de la obligación de colaboración y suministro de información sobre el uso y destino de las viviendas de su titularidad".