El 29% de los inquilinos en Catalunya se ha visto con la necesidad de cambiar de domicilio durante el último año por razones económicas, según se desprende de un informe publicado por Intermón Oxfam. La ONG califica estas situaciones como "desahucios invisibles", un fenómeno que engloba tanto las finalizaciones de contrato como las subidas de renta inasumibles que acaban forzando a los hogares a abandonar su vivienda. Esta cifra, a pesar de ser notable, se sitúa por debajo de la media estatal, que se sitúa en el 34,2%, y muy alejada del 42,8% registrado en la Comunidad de Madrid, donde la presión del mercado del alquiler se hace sentir con especial intensidad. El informe pone de manifiesto que estas mudanzas no responden a una decisión voluntaria, sino a la imposibilidad de hacer frente a las condiciones del mercado.
El estudio de Intermón revela datos preocupantes sobre la carga que supone la vivienda para los inquilinos catalanes. Uno de cada tres inquilinos en Catalunya destina más de la mitad de sus ingresos mensuales al pago del alquiler, una proporción que supera ampliamente los umbrales recomendados de sostenibilidad económica.
Más concretamente, el informe indica que un 11,1% de los inquilinos catalanes dedican más de un 70% de su sueldo al alojamiento, mientras que un 24,8% adicional destinan entre el 50 y el 70% de sus ingresos. En conjunto, ocho de cada diez inquilinos en Catalunya destinan más de un 30% de sus ingresos a pagar la renta mensual, un porcentaje que marca el umbral a partir del cual se considera que el esfuerzo económico empieza a ser excesivo. Esta situación tiene consecuencias directas en la capacidad de ahorro de los hogares, ya que un 53% de los inquilinos catalanes no consigue ahorrar después de hacer frente al pago mensual de la vivienda.
La situación de las personas hipotecadas
El informe también analiza la situación de los hogares que han optado por la compra de vivienda mediante hipoteca. Las cifras, aunque menos extremas que en el caso del alquiler, también reflejan un esfuerzo económico considerable. Cerca de siete de cada diez personas hipotecadas destinan más del 30% de sus ingresos al pago del préstamo, mientras que uno de cada cuatro gasta más de la mitad de lo que cobra en la hipoteca. Estos datos ponen de manifiesto que el acceso a la vivienda, tanto en régimen de alquiler como de propiedad, supone una carga financiera muy significativa para una parte importante de la población catalana. A escala estatal, el informe ofrece datos desglosados por colectivos que permiten identificar los grupos más vulnerables ante la crisis de la vivienda. La necesidad de cambiar de piso por dificultades económicas se ha dado especialmente entre personas extracomunitarias, donde afecta al 37% del total de inquilinos de este colectivo, y entre los menores de 25 años, con un 31,9%.
Un aspecto especialmente relevante que destaca el estudio es que seis de cada diez mudanzas forzosas implicaron abandonar el barrio o municipio de referencia. Este hecho es valorado negativamente por Intermón Oxfam, ya que provoca un "debilitamiento de las redes sociales y comunitarias" al desplazar a las personas de su entorno habitual de relaciones y apoyo mutuo.
El autor del informe y responsable de políticas de Protección Social y Empleo de Intermón Oxfam, Alejandro García-Gil, ha explicado que "el acceso a la vivienda supone un gran esfuerzo para millones de personas, pero es especialmente difícil para quien paga una renta". Según su análisis, esta situación configura lo que denomina "la trampa del alquiler", ya que "los precios elevados impiden ahorrar y dificultan reunir la entrada para una hipoteca. Como resultado, muchas personas quedan atrapadas en un mercado del alquiler cada vez más asfixiante".
Las perspectivas de futuro de los inquilinos
El estudio, elaborado a partir de una encuesta realizada en 2025 a 4.102 personas de todo el Estado, evidencia las desigualdades en la capacidad de ahorro entre propietarios e inquilinos. En Catalunya, el 57% de las personas que tienen su casa completamente pagada consiguen ahorrar cada mes, una cifra similar a la media estatal del 60%. En cambio, la mayoría de los inquilinos, un 53%, no pueden ahorrar a causa de los elevados costes de la renta. El informe subraya la paradoja de que una persona propietaria con ingresos equivalentes al salario mínimo interprofesional, fijado en 1.184 euros, tiene más probabilidad de ahorrar que un inquilino con un salario de 2.000 euros. Este dato ilustra cómo el gasto por alquilar puede neutralizar diferencias salariales significativas.
En cuanto a las expectativas de futuro, el informe refleja un pesimismo generalizado entre los inquilinos. El 58,5% de las personas no propietarias en España considera "improbable" poder comprar una vivienda en el futuro, mientras que solo el 14,4% se muestra optimista sobre esta posibilidad. Estos datos apuntan a una perpetuación de las desigualdades en el acceso a la vivienda en propiedad. El estudio también revela que el 13% de los arrendatarios comparten hogar con personas sin parentesco, una estrategia para hacer frente a los elevados precios del alquiler que implica renunciar a la independencia residencial. Esta circunstancia es especialmente frecuente entre los jóvenes y las personas con ingresos más bajos.