Decía la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que procedería a solicitar la eliminación de las actas las palabras “fascista” y “golpista”. Porque le preocupa que dentro de cien años puedan darse cuenta de lo cafres que eran nuestros representantes políticos en el año 2018.
No hay nada como intentar reescribir la historia para seguir engañando a los que han de venir. Es como maquillarse en diferido.
No es la primera vez que esto sucede. De hecho, viene siendo bastante habitual que en sede parlamentaria se traten de omitir las manifestaciones que resulten “indecorosas”, para evitar que alguien en el futuro pudiera escandalizarse.
Supongo que esta manera de proceder estará amparada por los reglamentos y proviene de aquellos tiempos en los que no había otra manera de saber lo que se decían sus señorías, que no fuera consultando las actas y el boletín oficial de las Cortes. Pero ahora que todo está grabado, que hay doce cámaras de televisión que están continuamente grabando lo que sucede en el hemiciclo, así como las que registran lo que ocurre en las diferentes comisiones, tiene bastante de absurda la medida de intentar ocultar lo que todos conocemos. Es peculiar querer descontextualizar toda una realidad que viene dándose entre nuestros diputados y diputadas, entre nuestros ministros, nuestros presidentes e, incluso, quienes acuden como público a contemplar esa “fauna” que se parte la cara en nuestro nombre.
Esta semana ha sido lo más comentado: la expulsión del diputado Gabriel Rufián del hemiciclo.
Algunos se han aventurado a decir que ha sido la primera vez que esto sucede. Otros han dicho que ha sido la segunda vez. Pero no es cierto. Ha ocurrido ya en reiteradas ocasiones que desde la presidencia del congreso se haya silenciado a diferentes personas, bien sean diputados o asistentes como público. Y eso, por mucho que se quiera maquillar la realidad y dejar de contar lo que realmente ha sucedido, ha quedado ya grabado para que nadie pueda borrarlo.
Es comprensible que haya que mantener unas mínimas pautas de respeto para que los debates puedan producirse. Lo que no se entiende es que, en algunos casos, precisamente lo que hemos visto es que se ha expulsado a quienes querían plantear debates porque “no tocaba” hablar del tema, o porque no se hacía en el idioma permitido. Sin embargo, yo me pregunto si las expulsiones se producen de manera objetiva y atendiendo únicamente a las normas, o si por el contrario, suelen realizarse contra unos diputados y colectivos en concreto mientras a otros se les permite decir lo que sea.