La jueza Carmen Rodríguez Medel ha declarado en un auto esta mañana que queda agotada la instrucción y envía el asunto a la Sala Segunda del TS, puesto que para poder continuar con la vía judicial, al tratarse Pablo Casado de una persona aforada, es el camino a seguir. 

Hoy vencía el plazo para que la Guardia Civil presentase ante la juez el informe que ella les había encargado, donde deberían aportarse todas las pruebas existentes al respecto de las posibles vinculaciones entre algunos de los compañeros de Casado que también habrían obtenido el título en el máster de manera supuestamente irregular. 

Es importante recordar algunos datos que pueden servirnos para entender esta cuestión:

  • El máster famoso es el mismo que se supone cursó Cristina Cifuentes y por el que ha resultado imputada por cohecho y falsificación documental.
  • De entre las personas investigadas, ya se ha imputado a algunas, como María Mateo, que fue asesora de la Secretaría de Estado de Empleo durante el gobierno del Partido Popular, y que además es hija de la mano derecha de Cristina Cifuentes, que fue a su vez conocida por presionar ―presuntamente― a la profesora del máster de la ex presidenta de Madrid, con el fin de conseguir que firmase los documentos falsos. María además, viajaba en el tiempo, pues le convalidaron una asignatura antes de solicitarlo.
  • También está Alida Consuelo Mas Taberner: subsecretaria de Cultura en el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Valencia. La casualidad ha querido que las tres compis tengan las mismas notas que Pablo.
  • María Dolores Cancio Álvarez: profesora de la Rey Juan Carlos, que ha publicado libros junto con Enrique Álvarez Conde, director del Instituto de Derecho Público, imputado por el master de Cifuentes.
  • Concretamente, Enrique Álvarez es la persona a la que Casado se ha referido a la hora de hacer llegar los trabajos, así como cualquier otra cuestión relacionada con el máster. En este sentido, la propia Dolores Cancio ha señalado que fue Enrique Alvarez quien les permitió no ir a clase ni hacer trabajos. El 13 de abril fue suspendido en funciones por irregularidades graves y por el incumplimiento de responsabilidades que tenía como Director del Instituto de Derecho Público. Y es que actualmente también se le investiga por haber hecho una transferencia desde la cuenta del Instituto a las de sus hijos, por un importe de 20.000 euros  además, pagó 9.000 euros a su hija por una supuesta colaboración.

Hasta el momento, Pablo Casado ha dicho que él ha puesto a disposición de todo el mundo documentación que ni siquiera la Universidad ha sido capaz de facilitar. Se refiere Pablo a los cuatro trabajos que dice haber presentado para aprobar las cuatro asignaturas por las que le daban el título del máster. Título, que dicho sea de paso, Pablo no ha recogido todavía a día de hoy de la secretaría de la facultad. 

Lo que es curioso es el hecho de que Casado nos quiera hacer creer que poniendo cuatro papeles sobre la mesa pueda aclarar lo sucedido. Esos cuatro papeles encuadernados no significan absolutamente nada. Lo que realmente interesa es la prueba documental de haberlos entregado en tiempo y forma a quien correspondía. Y eso no ocurre. Es más, el pasado 20 de julio, mediante providencia, la propia Universidad RJC aseguró que no le consta ningún documento consistente en estos trabajos, así como tampoco hay ningún rastro documental que evidencie su aportación en el curso académico 2008-2009 ni correo electrónico, ni correo postal ni nada parecido. 

Por lo tanto: Pablo reconoce no haber pisado la facultad, a pesar de haberse matriculado en un master presencial. No ha tenido que hacer ningún tipo de examen. De las 22 asignaturas que tenía el master, le convalidaron 18 y todavía no nos hemos puesto a hablar en serio de las convalidaciones; y de las otras cuatro que no le pudieron convalidar, no hay rastro ni prueba de haber presentado los trabajos que ahora pasea. Compañeras suyas , tanto del partido como del master, han reconocido no haber hecho absolutamente nada para obtener el título.

Pablo intenta justificar no haber hecho trabajo de fin de master amparándose en un real decreto del 2005; sin embargo es muy probable que ni siquiera pueda apelar a éste, ya que el de 2007 lo deroga. 

Y por si todo esto fuera poco, ya se hizo público que el Instituto de Derecho Público ofrecía becas a través de una organización intermedia, por las cuales, los miembros de las formaciones juveniles de partidos políticos como el Popular (nuevas generaciones) o el PSOE (juventudes socialistas) obtenían rebajas de hasta el 50% en el precio oficial. 

Pero no eran los únicos. La Rey Juan Carlos también quiso ayudar a aquellos inspectores y comisarios de policía que no tenían titulación y que debían obtenerla para cumplir con la ley, si querían acceder a determinados puestos. La Universidad daba por buenos los cursos que los policías habían venido realizando (supuestamente), convalidándolos y dándoles la titulación necesaria, con su participación en un curso online.