El Constitucional sostiene que el Gobierno tenía que haber utilizado el estado de excepción para frenar la pandemia. Rechazan el estado de alarma, la fórmula garantista por la que optó el Ejecutivo y que no requería autorización previa del Congreso. 

La ponencia se aprobó el pasado miércoles por seis votos a cinco. El voto decisivo fue de la magistrada Encarnación Roca que es progresista, y entre los votos contrarios a la sentencia, había jueces de la cuerda conservadora. Por eso no es del todo acertado señalar como causa de esta sentencia a las presiones políticas o a las cuerdas a las que cada cual pertenece. 

El ponente de este asunto fue el magistrado Pedro González Trevijano, que defiende que el estado de excepción habría estado justificado, ya que la situación generada por la pandemia supuso una alteración absoluta del orden constitucional. Apunta también en su escrito que ante la situación habría que aceptar el fracaso del Estado de Derecho, maniatado e incapaz,  según él, de encontrar respuesta ante situaciones de tal gravedad. 

Los seis magistrados que han ganado la mayoría consideran que los derechos fundamentales se han visto suspendidos de manera total, y no limitados, como se defiende desde el Gobierno. Y entienden que el confinamiento domiciliario se hizo al margen de la Constitución. 

La sentencia ha sido criticada por el Gobierno, que considera que este tipo de debates jurídicos no deberían plantearse de esta manera, ni por este órgano. Concretamente, Margarita Robles ha sido crítica en este sentido. Y lo cierto es que la sentencia del Constitucional, tan ajustada, lo que viene a plantear es precisamente lo que señala el ponente: ¿tiene capacidad este Estado de Derecho para hacer frente a situaciones límite? 

A la vista está que estamos dependiendo de decisiones judiciales, en lugar de poner en manos de expertos sanitarios aquello que tiene que ver con medidas de control ante una situación de pandemia. Algo no se está planteando de la manera más eficaz, y a la vista están los resultados. 

Lo que viene a poner el Constitucional sobre la mesa supone, además, un planteamiento que, partiendo del análisis de lo sucedido hace un año, vendría a determinar el camino a recorrer en los próximos posibles eventos similares. Que con casi toda certeza se darán. 

Y el Constitucional ya ha puesto su propuesta sobre la mesa: aplicar el Estado de Excepción. Algo que podría encajar con la reforma de la ley de Seguridad Nacional de la que prácticamente no se está hablando. 

La semana pasada el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de la vicepresidenta primera, que todavía era Carmen Calvo, sobre el Anteproyecto de Ley para la modificación de la Ley de Seguridad Nacional. Tiene el objetivo de reforzar los mecanismos a disposición del Estado para acceder a los recursos necesarios durante la gestión de situaciones de crisis. 

En esta nueva redacción se plantea la regulación de la producción industrial de España en función de las necesidades que vengan dadas por la situación de crisis. Se regula la Reserva Estratégica basada en las Capacidades Nacionales de Producción Industrial para encontrar alternativas al abastecimiento exterior (acuérdense de los respiradores, de las mascarillas, de los test). Se dota de nuevas facultades al Consejo de Seguridad Nacional, pudiendo adoptar las medidas necesarias para que los planes de preparación y disposición de recursos de aplicación puedan ejecutarse lo más rápido posible. 

Por el momento esta nueva redacción deberá ser debatida y trabajada en el Congreso de los Diputados. En el texto preliminar se apunta a posibilidades en las que cualquier persona mayor de edad podría ser obligada a realizar prestaciones personales, algo que ha generado un cierto revuelo, pero que en realidad ya estaba contemplado en la legislación vigente de 2015. 

La realidad evidencia que nuestro Estado de Derecho no está siendo capaz de canalizar las necesidades de la población española. Ni en aquellas cuestiones de índole política, ni en las sanitarias ni en las sociales. La respuesta de nuestro Estado de Derecho llega tarde, no se entiende y lo que es peor aún, a la ciudadanía le pilla siempre absolutamente desinformada y desorientada, una situación óptima para jugar con ella a la confusión, algo que están aprovechando desde los partidos de la oposición que son incapaces de generar un clima de diálogo y entendimiento ante situaciones tan extremas como las que estamos viviendo. 

El Estado de Derecho, para funcionar correctamente, debe estar vinculado al concepto de Democracia. No podemos olvidar que las dictaduras también tienen un sistema normativo, un Estado de Derecho. El problema que tiene España es que se le ha olvidado en demasiadas ocasiones que para que el Estado de Derecho funcione no puede olvidarse de lo fundamental: y es que ha de ser democrático por encima de todo, ya que son los representantes del pueblo los que elaboran las normas, y los jueces han de interpretarlas para garantizar su espíritu y los derechos de la población. Porque también hay que acordarse de que España es un Estado Social, algo que pocas veces se recuerda y por lo que se ve, al magistrado del Tribunal Constitucional se le olvida que han de conjugarse los tres elementos básicos para que todo funcione. 

Quizás la razón de que esto no salga bien esté, precisamente, ahí.