El pasado martes 5 de abril, se celebró en Luxemburgo la vista ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tendrá que resolver las siete preguntas que en marzo de 2021 el juez instructor español, Pablo Llarena, les envió. Llarena, juez instructor del Tribunal Supremo, planteó una serie de preguntas al Tribunal de Justicia de la UE a raíz de la respuesta que dió la justicia belga denegando la extradición del exconseller Lluís Puig.

El bofetón judicial que supuso la negativa de la justicia belga hizo que Llarena quisiera implicar a la justicia europea antes de volver a la carga para exigir la entrega de Puigdemont, Comín y Ponsatí, también residentes en Bélgica. Porque con la jurisprudencia en la mano, el precedente que había sentado el caso de Puig dejaba bastante claro que la respuesta sería la misma para los demás. Por eso, Llarena quiso preguntar sobre la respuesta que la justicia belga le dió, que no fue otra sino la de señalar al juez natural (los jueces belgas apuntaron que no era el Tribunal Supremo quien debería juzgar a Puig, sino el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña); así como sobre la acusación de que no tendría un juicio justo con garantías, a tenor de lo que se había señalado por el Grupo de Trabajo de la ONU en un informe emitido en 2019 donde se apuntaba a la vulneración del principio de presunción de inocencia de los procesados catalanes. 

También quería saber Llarena si podría emitir una nueva euroorden contra Puig a pesar de que ya se hubiera dictado sentencia en caso de que el Tribunal de Justicia de la UE termine determinando que la decisión belga no se ajustó al derecho comunitario. A la vista acudían en representación de España, para defender a Llarena, el fiscal Cadena y la Abogada del Estado Andrea Gavela. Por parte de las defensas, acudieron los equipos legales de Puig,  Puigdemont, Comín, Ponsatí, Marta Rovira, Anna Gabriel y Meritxell Serret. Se suponía que acudirían también representantes de Rumanía y Polonia, para apoyar la postura de España. Pero finalmente no se presentaron. También acudieron representantes de Vox, como parte denunciante en el juicio al procés. Por parte de la Comisión Europea, intervino el letrado Julio Baquero. 

La línea principal de defensa es poner de manifiesto la persecución evidente a la ideología política independentista catalana en España y, por consiguiente, la evidencia de que una vez despenalizado el referéndum en el Código Penal, lo sucedido después del 1 de octubre pone de manifiesto que a nivel judicial e institucional se ha querido perseguir a toda costa algo que ya no tenía un marco legal para ser perseguido. No al menos de la manera en que se ha hecho. También, desde la defensa de Marta Rovira, se ha planteado la sentencia del TJUE sobre Oriol Junqueras, y los votos particulares del Tribunal Constitucional en referencia a ello. 

La Gran Sala está compuesta por 15 jueces y deberán dar una respuesta preliminar el próximo 14 de julio para dictar sentencia probablemente en otoño. De esta respuesta se abrirán las puertas a conocer si finalmente las euroórdenes serán la herramienta para hacer volver a los exiliados a España. La suerte está echada y el trabajo —enorme trabajo— ya está hecho.