El pasado día 8 de abril se cumplían 18 años del asesinato del reportero José Couso. Las tropas norteamericanas dispararon desde un tanque al Hotel Palestina en Irak en el que se encontraban alojados los periodistas internacionales que estaban cubriendo la actualidad del conflicto. Un ataque premeditado en el que murieron dos personas: un periodista ucraniano y José Couso. 

Desde aquel momento, la familia no ha cejado ni un minuto en pelear para que se haga justicia. Han intentado que las personas responsables de estos asesinatos fueran juzgadas y se han encontrado con una respuesta incomprensible e inadmisible en un Estado Democrático y de Derecho. Es momento de mantener viva la lucha por la defensa de la justicia, algo que esta familia no ha conseguido después de casi veinte años. 

Hasta el año 2014 existía lo que se denominaba “justicia universal”, lo que suponía que los jueces españoles tenían la capacidad para perseguir e investigar crímenes contra la humanidad cometidos fuera del territorio nacional. En este año, se eliminó este concepto de la legislación española, quedando así sin amparo los casos que estaban siendo investigados y perseguidos como el de Couso, pero también como el del genocidio del Tibet o las torturas en Guantánamo que fueron archivadas. 

Según el abogado de la familia, la modificación legislativa del año 2014 se produjo por la influencia norteamericana. Y es que, precisamente, gracias a la información desvelada por wikileaks, se supo que desde la embajada norteamericana en Madrid se habrían estado produciendo posibles presiones sobre distintos actores políticos y del ámbito de la judicatura para proceder al archivo de esta causa. 

Una causa en la que el juez Santiago Pedraz intentó por todos los medios llegar hasta el final, solicitando en varias ocasiones la búsqueda y detención de los responsables del asesinato de estos periodistas. 

En enero del 2020, la Audiencia Nacional reconoció que no se llevó a cabo ningún tipo de gestión por parte de la Administración General del Estado. Concretamente se determina que el Estado debería haber ejercido la protección diplomática en favor de los familiares del Sr. Couso, subrayando “la actitud pasiva de las sucesivas Administraciones” que deberían haber acompañado a la familia ante su legítima denuncia frente a un tercer Estado. A día de hoy la familia de José Couso espera obtener una respuesta por parte del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. 

Exigen al actual gobierno que cumpla con su promesa de recuperar la justicia universal como elemento fundamental del sistema jurídico, algo que a día de hoy todavía no se ha puesto en marcha. 

Llama la atención cómo en un mundo cada vez más globalizado, los Estados se cierran en sí mismos ante aquello que les pueda dejar en evidencia. Precisamente, la intervención en Irak, que con el tiempo se demostró estar fundamentada en “rumores” y no en hechos ciertos, pone de manifiesto una vez más cómo para algunos el fin justifica los medios. Y en este caso, a los medios de comunicación se les trató de atacar posiblemente para que no alertasen a la población de lo que después se demostró ser una gran mentira. 

Es responsabilidad de todos luchar para que se haga justicia. Por Couso, por la libertad de información, y  para que se dejen de justificar intervenciones a terceros países a base de mentiras.