Las diferentes administraciones, y en especial las de la Unión Europea, están instalando sistemas de reconocimiento facial en las fronteras que recopilan datos biométricos. En el caso de las fronteras exteriores del territorio de la UE, los datos que se recopilan son los propios de personas que acceden a algún país comunitario desde territorios situados fuera del espacio Schengen. ¿Es esto legal?
Hasta ahora, sólo huellas dactilares
Hasta la fecha, lo único que se recopilaba eran las huellas dactilares de las personas con un fin concreto: cotejarlas con las de personas buscadas por las autoridades. Ahora, la intención de la Unión Europea es analizar también datos faciales y, con ellos armar una base de datos a la que podrán acceder todos los Estados Miembros de la UE. La teoría esque el reconocimiento facial es tan fiable o más que las huellas dactilares y que, además, recopilar datos es más sencillo, ya que el sujeto no debe colaborar: basta con tomar una foto y no hay que pedirle que nos deje tomar sus huellas. El sistema analizará para identificar a las personas los rasgos que no varían con la edad.
Posibilidad de criminalización
El sistema, a priori, genera dudas: hay personas muy parecidas entre sí y se corre el riesgo de encausar inocentes, algo que no pasa con las huellas dactilares, que son únicas y diferentes en cada sujeto. Diferentes ONG han indicado también sus reservas, ya que consideran que se puede criminalizar y discriminar a determinados colectivos. En 2021, y como programa piloto, se instaló en la frontera de la Línea de la Concepción un sistema de este tipo y el Ministerio del Interior dice que el balance es positivo. Implementar este sistema en todas las fronteras exteriores de la UE costaría unos 20 millones de euros.