En la última edición del Foro Económico de Davos se habló sobre la cuestión largo y tendido: semana laboral de 32 horas sin reducción salarial. Tiene ventajas, concluyeron y, además, en muchos países de Europa Occidental ya se está implantando. En Suecia se activó en 2015, en Islandia pusieron en marcha un plan para implementarla entre 2015 y 2019 que ha seguido un 86% de la fuerza laboral del país, en Escocia está en pruebas y en Bélgica la implantan, pero sin reducción de horario.
En Portugal, ensayo
En Portugal está prevista una prueba en la que van a tomar parte hasta un centenar de empresas, la mayoría, pequeñas y medianas. El ensayo, explican, tendrá lugar durante el segundo semestre de este año. No lo impulsa ningún iluminado: lo hace el mismísimo Ministerio de Trabajo, Solidaridad y Seguridad Social.
¿Qué ventajas tiene?
Opiniones, como en todo, las hay diversas, pero este mismo febrero, la revista Forbes publicaba un artículo en el que un empresario dedicado al diseño web explicaba que la productividad en su negocio creció y sus ingresos también: tanto como un 30%. Al tiempo, sus empleados (16) mejoraron su estado de ánimo y hasta se encontró con facilidades para reclutar nuevos empleados, porque la semana de 32 horas era un aliciente. Al tiempo, empresas como la irlandesa Rent a Recruiter indican que, tras un ensayo similar al previsto en Portugal, les ha resultado más sencillo contratar a personal altamente cualificado y retener a la plantilla a pesar de no poder igualar el salario que ofrecen empresas más grandes..
Problemas y ayudas públicas
La revista Forbes recoge también en un reportaje sobre la cuestión algunos de los inconvenientes que plantea este nuevo modelo de jornada: cuesta interactuar con clientes que trabajan en otras tesituras y, también, hay fechas de entrega que no se pueden cumplir. Veremos, pero, que de momento el Gobierno ya ha anunciado que activará un plan de ayudas dotado presupuestariamente que puede financiar a las empresas que se decidan a implantar la semana de cuatro días con hasta 150.000 euros. Todavía no se han publicado las bases. Gobiernos autónomicos como el de Valencia ya están inmersos también en proyectos similares. Incluso lo tienen más avanzado y en abril de este año cuentan con iniciar los primeros ensayos.