La percepción de la inteligencia artificial se ha vuelto negativa en los últimos meses. Aunque las grandes empresas tecnológicas siguen invirtiendo miles de millones en esta herramienta, el ciudadano de a pie ha pasado de la curiosidad al hartazgo, viendo en los algoritmos una amenaza para su bolsillo, su privacidad y su puesto de trabajo.
Confianza en picada
Una reciente encuesta realizada por la cadena NBC a mil personas arroja cifras demoledoras para Silicon Valley. Solo el 26% de los consultados mantiene una visión positiva de esta tecnología, mientras que un contundente 46% confiesa detestarla.
Lo más llamativo del sondeo no es solo el bajo apoyo, sino la comparativa de popularidad. La inteligencia artificial puntúa hoy peor que las agencias de inmigración e incluso genera más rechazo que la figura de Donald Trump.
En la escala de impopularidad, solo los países que actualmente atraviesan conflictos bélicos se sitúan por debajo de la IA.
Este rechazo no nace del desconocimiento, sino de todo lo contrario. A medida que el usuario medio comprende mejor los riesgos y el funcionamiento de estas herramientas, la desconfianza aumenta.
La percepción ha pasado de ver a la IA como un asistente útil a verla como un sistema intrusivo que se alimenta de la privacidad ajena sin permiso.
La IA también golpea el bolsillo
Los motivos detrás de este "hartazgo algorítmico" son muy tangibles. Uno de los puntos que más está castigando la imagen del sector es el impacto directo en el bolsillo y la calidad de vida de los ciudadanos.
El hambre voraz de energía de los centros de datos está provocando un aumento en los recibos eléctricos de las zonas cercanas, donde los vecinos también deben lidiar con el ruido incesante de las turbinas necesarias para refrigerar los procesadores.
A esto se suma su uso en el campo bélico. La noticia de que el Pentágono utiliza algoritmos para seleccionar objetivos de bombardeo ha horrorizado a una sociedad que se siente vigilada.
Esta aplicación militar ha generado tensiones incluso dentro de la propia industria, provocando denuncias contra el gobierno por parte de empresas que no quieren que su innovación se convierta en una herramienta de guerra.
Existe una brecha abismal entre los despachos de las grandes corporaciones y la calle. Mientras las compañías inyectan cerca de 100.000 millones de euros en infraestructuras, el trabajador promedio percibe que ese dinero solo sirve para automatizar su despido o vigilar su rendimiento.
Incluso entre los directivos existe una contradicción evidente: invierten millones por miedo a quedarse fuera de la tendencia, aunque muchos dudan de la rentabilidad real de estos sistemas a largo plazo.
Lo que comenzó como una promesa de eficiencia se ha transformado en una amenaza a los puestos de empleo y la conciencia del consumo de recursos críticos. Si las tecnológicas esperaban una adopción entusiasta, los resultados de encuestas como la de la NBC deberían ser una señal de alarma.
El rechazo popular sigue en aumento, dejando claro que el entusiasmo de los inversores no se traduce, ni de lejos, en la confianza de los usuarios.