Una veintena de entidades feministas han unido conocimientos y esfuerzos por crear el Observatorio de Violencias Institucionales Machistas (OVIM), el primero en el Estado español y de ámbito europeo, que se ha presentado este viernes en Barcelona ante más de 200 participantes. L'OVIM, dotado con financiación pública, se define como "una plataforma de la sociedad civil, de incidencia política y social, que vigilará que las instituciones cumplan con su obligación de diligencia debida y garantizaba del derecho a una vida libre de violencias machistas y discriminación de las mujeres, niñas, niños y adolescentes". Actualmente, no hay datos de esta discriminación que día a día sufren muchas mujeres por parte de profesionales de los servicios sociales, las comisarías o los juzgados. Y por eso, el reto del OVIM es recoger denuncias en su web, las documentará y exigirá cambios a las administraciones.

Al acto, en el Ateneo el Poblet, se ha explicado el funcionamiento de esta iniciativa: hay un equipo gestor d'OVIM, formado por dos entidades la Asociación Hèlia y Almena Cooperativa Feminista, y una asamblea integrada por la veintena de entidades de Andalucía, Canarias, Catalunya, Madrid, Navarra, el País Valencià, y Extremadura. Además cuenta con expertas, como la abogada penalista Laia Serra,  Ana Martínez, Lorena Garrido y Marta Cabezas. Catalunya es la única comunidad que, por ahora, ha incluido la violencia institucional en una ley, la de erradicación de la violencia machista, que entró en vigor en diciembre de 2020.

Feminista y antirracista

En la presentación han intervenido responsables de diferentes entidades que han destacado que l'OVIM nace para luchar contra las violencias de servicios y profesionales públicos desde una perspectiva feminista, interseccional y antirracista. "La ley de extranjería es violencia institucional porque siempre es una amenaza para las mujeres migrantes; y hasta que no hay una condena firme de violencia machista no se protege a la mujer", ha denunciado abiertamente Liliana Aragón, coordinadora de Hèlia, que tiene el programa Vecinas por vecinas, donde voluntarias acompañan a otras mujeres en los pesados trámites con la administración. Paqui Perona, presidenta de Voces Gitanas, también ha explicado la evolución de entidades de mujeres gitanas de los barrios que han cogido las riendas para que nadie hable en nombre de ellas y ha asegurado que "el antigitanismo institucional" está, desgraciadamente, bien vivo.

Por su parte, la abogada Laia Serra ha indicado que el hecho de que la ley catalana incluya este tipo de violencia institucional significa que la misma administración admite que hay cosas que tiene que corregir, y espera que se amplíe al Estado.

Serra ha añadido, que en el sistema judicial hay cambios también y, en recientes sentencias, el tribunal indica que hará una actuación para no revictimizar a la mujer, o que esta lo ha sufrido, haciendo referencia a la condena de Dani Alves. "L'OVIM no solo documentará casos, sino que es un interlocutor para interpelar a las instituciones y pedirle cambios de forma colectiva", ha afirmado Serra.