La Coordinadora del Movimiento Vecinal del Vallès reclama al Govern y a los ayuntamientos que aceleren la retirada definitiva del amianto de todos los edificios públicos y privados. Los colectivos vecinales vallesanos han denunciado este viernes en una comparecencia desde Badia del Vallès el retraso en el censo que tendría que determinar dónde se encuentran las piezas de fibrocemento en cada localidad, que tendría que haber sido acabado el año pasado. En este sentido, exigen a las administraciones una hoja de ruta clara para actuar y eliminar de una vez todos los elementos arquitectónicos que contengan este material, antiguamente tan utilizado en la construcción —hasta el 2002, cuando se prohibió— y potencialmente tóxico para el sistema respiratorio y cancerígeno cuando se rompe o se degrada y se desprenden las fibras que lo componen.
El colectivo vecinal, que recuerda que este material ha provocado la muerte de 100.000 personas por cáncer de pulmón —según datos de la OMS—, ha anunciado que tiene previsto reunirse con el director de la Agencia de Residuos de Catalunya, Isaac Paraire, el próximo 12 de marzo. Los vallesanos reclaman al Gobierno saber "el estado actual del amianto en cada municipio", con transparencia: "Qué nos digan qué está pasando, qué se está haciendo". A su vez, quieren saber cuál es la "hoja de ruta" que se está siguiendo para que la retirada total del amianto se acabe antes de 2030.
Entre sus reivindicaciones concretas a corto plazo, el movimiento vecinal exige constituir una comisión entre los ayuntamientos y la sociedad civil para establecer esta citada "hoja de ruta", que se elabore un calendario con fechas concretas para el proceso de eliminación del amianto, acabar el censo completo del amianto en Catalunya que ubique todos los focos y, finalmente, prever y concretar los recursos que hagan falta para la retirada del amianto, con las correspondientes inversiones que correspondan a la Unión Europea, el Estado y la Generalitat.
Reclaman soluciones de urgencia
"Que dejen de hacer el tonto y hacer los ojos grandes y de ponerse de perfil. Es un tema que urge hacerlo de forma seria y rigurosa, porque están jugando con la vida de la ciudadanía, y no es ninguna alarma social, es que ha quedado demostrado con los datos de la OMS y la UE", ha afirmado el portavoz del colectivo, Manuel Navas, en la rueda de prensa de este miércoles. "Exigimos una vez más que se pongan las pilas, si no saben hacerlo que terminen y pongan a alguien más con más conocimiento y sentido común", ha reclamado al líder vecinal, que es presidente de la Federació d'Associacions de Veïns de Sabadell.
Los vecinos vallesanos han elaborado un escrito con sus reclamaciones que a partir de mañana el jueves entregarán a las administraciones de la comarca y al Govern de la Generalitat, a la espera de una respuesta rápida y "sin ambigüedades". Se les tendría que caer la cara de vergüenza, según la ley tendría que estar el censo hecho en 2023 y todavía no se ha hecho. Y ahora se ha planteado hacerlo con drones, con los cuales verán sin poder analizar qué hay realmente en cada edificio público y privado: centros comerciales, escuelas, discotecas...", ha argumentado Navas. Estos drones a los que hace referencia el vecino vallesano es el estudio encargado al Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) para detectar cubiertas desde el cielo con imágenes satélite y hacer un mapa de zonas con mayor concentración de amianto.
Plan nacional del Gobierno este 2023
En 2023 el Govern de la Generalitat aprobó el Pla nacional per a l’erradicació de l’amiant a Catalunya 2023-2032, siguiendo el objetivo europeo de retirar este material en todos los edificios públicos antes del 2028 y en el conjunto del territorio antes del 2032. Según el president Aragonés, esta retirada es "un reto de país y una prioridad", tal como lo expresó el marzo del 2023 en el anuncio de ayudas para retirar este material. El 2019 se creó la Comissió per a l'erradicació de l'amiant a Catalunya (CEAC), constituida por los departamentos de la Administración de la Generalitat más directamente afectados, y en esta legislatura, se han incorporado representantes de los gobiernos locales (diputaciones, Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona), organizaciones sindicales y empresariales (CCOO, UGT, Foment y PIMEC) y entidades del tercer sector, como federaciones vecinales y asociaciones de afectados por el amianto. El ritmo de los avances, sin embargo, es insuficiente para los afectados directos, que ven en el amianto un peligro para su salud.