La decisión tomada por la conselleria de Salut de incluir el Hospital Vall d'Hebron en la lista de centros sancionados por su actuación en el caso del bebé de seis semanas que, presuntamente, sufrió graves maltratos físicos por parte de sus padres, generó mucha confusión. Después de pasar por diferentes centros, este hospital fue el que detectó el caso de maltrato, con fracturas, hematomas y lesiones compatibles con maltratos reiterados. Ahora, según ha publicado El Periódico, el hospital ha defendido su actuación, asegurando que estuvo protegido desde el primer momento en que entró en el centro sanitario y ha presentado alegaciones al expediente sancionador abierto por la conselleria. El Departament, liderado por la consellera Olga Pané (ahora de baja), también tomó la misma decisión contra el Sant Joan de Déu, el Sant Pau y el CAP Roger de Flor, situado cerca de la plaza Tetuán de Barcelona. La familia de la criatura lo llevó por todos estos centros en quince días, donde no detectaron los maltratos. En una segunda visita al hospital de Sant Pau, este lo derivó al Vall d'Hebron, en principio, por una fractura de fémur.
El Vall d'Hebron defiende que actuó según los protocolos
Así, Salut ha abierto expediente a todos los centros sanitarios por los que "pasó" el bebé maltratado, y les ha impuesto una multa de 6.000 euros. Ahora, siguiendo el camino del Sant Joan de Déu, el Vall d'Hebron ha decidido presentar alegaciones. También ha solicitado el archivo del expediente que Salut abrió por haber tardado 48 horas en activar el protocolo antimaltrato, durante las cuales el bebé estuvo ingresado en la misma habitación con sus padres. Hoy, la madre se encuentra en libertad y su padre en prisión preventiva. La familia ha declarado que el hombre lo sacudía muy bruscamente.
El Vall d'Hebron rebate este argumento insistiendo en que el protocolo se activó el mismo 16 de marzo, el día que los padres llevaron al niño al hospital, llamando a Infància Respon, que pertenece a la Conselleria de Drets Socials y de la cual el Departament no tiene constancia. Después de haber hecho más pruebas al bebé, que entonces tenía solo seis semanas, se "amplió la información" a las autoridades competentes. Estos son los Mossos la DGPPIA (antigua DGAIA) y los juzgados". En este sentido, remarcan la idea de que su prioridad fue garantizar su protección y estabilizar las graves lesiones de un bebé que se encontraba en una situación de riesgo vital. Después de que se le diera el alta, la criatura pasó a vivir con una familia de acogida. Por todo ello, piden el archivo del expediente sancionador, considerando que el centro actuó en todo momento respetando el protocolo, protegiendo al menor y activando los mecanismos de comunicación.