Unió de Pagesos pide que se garantice la vacunación contra la Covid-19 por los temporeros de la próxima campaña de la fruta en Lleida, igual que plantearon hace unos días alcaldes del Bajo Segrià. Así lo han trasladado este martes representantes de la organización agraria al subdelegado del Gobierno en Lleida, José Crespín.

El sindicato ha trasladado a Crespín sus demandas con vistas a la próxima campaña de recogida de fruta y a la contratación de trabajadores temporeros. Desde el agrupamiento, han defendido la importancia de garantizar la salud de los trabajadores agrarios y, por eso, han reclamado a la Administración que garantice la vacunación contra la Covid-19 para los trabajadores puntuales que se contraten y el resto de personal de las explotaciones.

En una situación de pandemia como la actual, Unió de Pagesos considera "básico" extremar las medidas para garantizar la salud de todas las personas que trabajan en el campo. El sindicato también ha emplazado a la Administración a velar a fin de que no se produzcan "llegadas masivas de personas extranjeras que el mercado laboral no pueda absorber" y, evitar así, "imágenes como las de la última campaña", en las que se vio a personas durmiendo en la calle en ciudades.

En esta misma línea, Unió de Pagesos también ha planteado la necesidad de habilidad alojamientos temporales "que respeten las plenas medidas de seguridad sanitaria con el fin de dar techo y respuesta a los trabajadores que lo necesiten". Unas peticiones que el sindicato considera "especialmente necesarias en un contexto como el actual".

Abusos a la cadena alimenticia

Unió de Pagesos exige a los grupos parlamentarios normas "más estrictas" para asegurar la eliminación de los abusos a la cadena alimenticia. Durante la comparecencia de este martes por la tarde a la Comisión de Agricultura del Congreso, el sindicato pedirá que se defina la posición de dominio y "que se regulen con más rigor conductas desleales" como la reventa a pérdidas.

Según denuncia el Sindicato, la brecha de precios entre consumidores y productores no ha parado de crecer desde el 2014, año de la entrada en vigor de la Ley 12/2013, unas medidas que pretendían mejorar el funcionamiento de la cadena alimenticia. A finales del 2020, la diferencia entre lo que paga el consumidor y lo que recibe el productor agroalimentario llegó hasta los 7 puntos.

Unió de Pagesos considera "insuficientes" y que, además, crean inseguridad jurídica, las propuestas del Gobierno en la transposición de la Directiva (UE) 2019/633 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de abril del 2019 relativa a las prácticas desleales en las relaciones entre empresas en la cadena de suministro agrario y alimentario.

Los trabajos para finalizar la transposición de esta directiva han empezado este martes a la Comisión de Agricultura del Congreso, con la comparecencia de representantes de la Administración y de las organizaciones representativas de la cadena alimenticia (productores, industria, distribución y comercio), entre otros.

Propuestas para mejorar

Unió de Pagesos, a través de Unión de Uniones de Agricultores y ganaderos, presentará esta tarde en su turno de comparecencia, a la Comisión de Agricultura, y también a través de los grupos parlamentarios, una serie de propuestas para adecuar y asegurar una transposición "ajustada a derecho".

manifestació pagesos Lleida - ACN

Manifestación de agricultores a Lleida / ACN

El sindicato también pide que no queden fuera de las cooperativas agrarias y las organizaciones de productores más allá de las exenciones específicas incluidas a la Directiva. Unió de Pagesos reclama que, como permite la Directiva, "se regulen de manera más estricta otras conductas desleales" como la reventa a pérdidas, y que "se acote para la cadena alimenticia el porcentaje de cuota de mercado que supone posición de dominio".

La diferencia entre los precios percibidos por los agricultores y los que pagan los consumidores por la alimentación registrados por Eurostat para el estado español, que era de 4,3 puntos a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 5/2020, de medidas urgentes en materia de agricultura y alimentación por la Covid-19, llegó hasta 7 puntos a final del 2020.