La titular del juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Vic ha ordenado a la compañía Endesa que tome las medidas necesarias para evitar la constante muerte de aves electrocutadas en sus instalaciones en la comarca de Osona. El septiembre pasado, el fiscal de Medio Ambiente y Urbanismo, Antoni Pelegrín, pidió a la jueza que instara a la compañía a poner "con la mayor urgencia las medidas adecuadas para corregir los defectos observados en ciertas torres, que suponen un peligro evidente de electrocución para la fauna" ante el aumento de aves muertas, sobre todo cigüeñas, el verano pasado.

El abril pasado, la magistrada, Andrea Sánchez, admitió a trámite una querella de la fiscalía contra Endesa y seis de sus directivos por haber permitido "una auténtica plaga" de pájaros protegidos electrocutados en sus torres en la demarcación de Barcelona. La querella se centró en la comarca de Osona y se presentó a un juzgado de Vic. Se acusa a los directivos y la compañía de un delito contra los recursos naturales y de uno continuado en la protección de la fauna, después de una exhaustiva investigación, del 2018 en el 2020, con los Agentes Rurales. Se detallan 255 casos de electrocución y que la compañía no cumplió los requerimientos de la Generalitat. La jueza ha encargado al Institut Català d'Ornitologia una pericial sobre el estado de las líneas, antes de citar a declarar a los responsables como investigados.

La compañía ha ido instalando protecciones en las torres, pero las electrocuciones continúan. El año pasado, Endesa anunció que corregiría todos los soportes de las líneas  de mediana y alta tensión desde el año 2014, y firmó convenios con los departamentos de Territorio y Sostenibilidad. Precisó que el marzo pasado presentó el Plan avifauna a Catalunya, con el cual invertiria este año 4,6 millones de euros en adecuar los tendidos.

Querella en Tarragona

El fiscal de Tarragona Ignacio Monreal también presentó, la primavera pasada, una querella contra la compañía Endesa y cinco administradores desde el 2015 a la actualidad por las aves muertas en este territorio. En la querella, el fiscal sostiene que "en toda la provincia de Tarragona y en general en Catalunya, la inmensa mayoría de los soportes situados dentro de la zona de protección no presentan ningún tipo de medidas contra la electrocución, incumpliendo el establecido el RD 1432/2008" , y  añade: "En algunos casos se mantienen estos soportes letales, en otros soportes se retocan, pero sin adecuarlos a la normativa de forma que se garantice su inocuidad, y otras veces se arreglan, pero en los alrededores se mantienen otros, de lo que cumplen la normativa, o no hay un mantenimiento de los soportes corregidos, y la situación es perfectamente evitable en todos los casos."

El fiscal Monreal afirma que estos puntos letales están por todas partes y en la demarcación de Tarragona, especialmente en la comarca del Montsià. La fiscalía precisa que en el periodo 2010 en el 2018 en Catalunya se contabilizaron unos 3.184 casos de posible electrocución, de los cuales más de 1.000 eran especies protegidas. Se indican, por ejemplo, 284 buitres, 144 búhos reales o 130 águilas culebreras.

En el caso de la comarca de Tarragona, el fiscal detalla que "entre los años 2008 y principios de 2021 se han localizado unos 308 posibles casos de la electrocución y tramos enteros de líneas sin adecuar, con correcciones limitadas solo a soportes concretos" y sostiene que "incluso hay soportes corregidos de deficiente conservación que vuelven a provocar electrocuciones".

 

Foto principal: Operarios en una torre eléctrica /ACN